El Ministerio de Gobernación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este miércoles, 23 de agosto, la personalidad jurídica a la Asociación Compañía de Jesús, la orden sacerdotal de los jesuitas, lo que supone que tras la ilegalización de la orden religiosa católica, el regimen de Nicaragua podría proceder a la expulsión de los sacerdotes pertenecientes a esa congregación.
El despojo de sus permisos para operar a la asociación católica jesuita se materializó a través del acuerdo ministerial 105-2023-OSFL, hecho púbica a través de la Gaceta Diario Oficial 154, de este miércoles, y firmada por la ministra de Gobernación orteguista, María Amelia Coronel Kinloch.
El acurdo ministerial también ordena confiscar todo los bienes de los jesuitas en el país y pasarlos a manos del Estado, tal como ya hicieron con la UCA y la residencia de los sacerdotes jesuitas.
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La Asociación Compañía de Jesús administra los colegios Centroamérica y Loyola, ambos en Managua, por lo que la orden de confiscación estaría afectando también a estos dos centros educativos de gran prestigio en el país.
De tal manera que la orden de traspasarle al Estado todos los bienes de la Compañía de Jesús, significaría también la confiscación del Colegio Loyola, fundado en 1946 por los Jesuitas y actualmente uno de los colegios de secundaria de mayor prestigio y calidad educativa en Nicaragua. Su nombre es en honor a San Ignacio de Loyola, fundador de la orden católica Compañía de Jesús, que hoy la dictadura ha ilegalizado.
También estaría siendo confiscado el Colegio Centroamérica. Igualmente propiedad de los Jesuitas, fundado en 1916, considerado uno de los más antiguos de la capital y dueño de una tradición de calidad reconocida.
Gobernación, un ente gubernamental que opera bajo las órdenes de los Ortega-Murillo, acusó a la asociación jesuita de no reportar sus «estados financieros» de los períodos fiscales del 2020, 2021 y 2022. Además, los señala de tener su Junta directiva «vencida» desde hace tres años, mismos argumentos que el régimen ha empleado desde 2018 para liquidar a más de 3,500 Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL).
La dictadura de Nicaragua escala al máximo sus ataques contra los jesuitas, tan solo una semana después de la confiscación a la UCA, robo ejecutado el pasado 16 de agosto. La UCA era la universidad de Nicaragua con mayor prestigio y era administrada por los jesuitas.
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En esa misma semana, el 19 de agosto, la pareja dictatorial envió a su Policía a desalojar a los sacerdotes jesuitas de su residencia, conocida como Villa del Carmen, localizada dentro de los predios de la confiscada UCA y los obligaron a refugiarse en otra residencia de la misma congregación religiosa.
Agentes policiales y judiciales indicaron a los religiosos que la vivienda también era propiedad estatal como la UCA, cuyos bienes y fondos pasaron a manos del Estado tras acusarla de ser un «centro de terrorismo».
