La «agonía» de la Universidad Centroamericana (UCA) llegó a su fin. A través del correo electrónico institucional, el recinto universitario informó este miércoles a la comunidad estudiantil, docente y administrativa que el gobierno de Daniel Ortega ordenó la «incautación» de todos los bienes inmuebles y económicos de la casa de estudios.
La orden judicial contra la UCA fue emitida por una de los tantos verdugos de presos políticos, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias en Managua.
En el comunicado, la universidad detalló que el oficio judicial firmado por Saavedra ordena «la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA».
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También establece que «la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos».
En ese sentido, el régimen giró oficios al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la SIBOIF, Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República para consumar la confiscación de la UCA.
La justicia de Ortega acusa a la entidad académica de ser un «centro de terrorismo» y de esta manera, Ortega «le cobra» a la UCA su involucramiento en las protestas sociales de 2018 al dar acogida a jóvenes que huían de las balas de los grupos armados del Estado.
«Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales. Ante todo esto, la Universidad Centroamericana reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años», se lee en el comunicado de la universidad.
La UCA también comunicó a la comunidad estudiantil, docente y administrativa que se «suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad».
Además, la institución jesuita agradeció «la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de esta alma mater».
Con esta confiscación al campus, la lista de universidades privadas tomadas asciende a 27. Al igual que con los otros recintos, la UCA pasará a manos del gobierno sandinista, que se ha encargado de desarticular el pensamiento crítico en el país e instaurar el proselitismo político en la educación.
Desde hace cinco años, la dictadura optó por ahogar a la UCA económicamente. La asignación del 6 % constitucional del Presupuesto General de la República, que por ley le correspondía a la universidad, le fue reducido sustancialmente hasta el 2022.
La UCA cuenta con más de cinco mil estudiantes y más de 500 docentes, quienes se sumarán a la comunidad estudiantil y administrativa que permanecen en un «limbo» ante las acciones represivas que ha perpetrado el Ejecutivo contra las universidades del país.
La institución fue fundada en el año de 1960, y es considerada un referente en la educación superior de Nicaragua. Entre tanta represión, violencia y persecución política, la UCA se mantuvo firme a sus valores jesuitas y logró resistir a cada ataque de la dictadura.