Ortega consuma confiscación a la UCA
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no da tregua y ordena la confiscación de todos los bienes inmuebles y económicos de la Universidad Centroamericana (UCA), así lo confirmó este miércoles, 16 de agosto, una fuente ligada a esa casa de estudios a Artículo 66.
La justicia de Ortega acusa a la entidad académica de ser un «centro de terrorismo» y de esta manera, el régimen «le cobra» a la UCA su involucramiento en las protestas sociales de 2018 al dar acogida a jóvenes que huían de las balas de los grupos armados del Estado.
Esta nueva movida represiva del régimen orteguista contra la UCA se efectúa luego de congelar sus cuentas bancarias, inmovilizar sus propiedades y la revocación de la acreditación al Centro de Mediación del recinto.
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Por otro lado, el medio digital Divergentes reveló que una fuente judicial confirmó el giro acusatorio que fue notificado la tarde de ayer, 15 de agosto, a las autoridades del campus universitario.
Hasta el momento las autoridades de la UCA no ha se han pronunciado sobre esta medida. Se espera que en las próximas horas el padre Rolando Alvarado, rector de la universidad, emita un comunicado explicando la situación.
Con esta confiscación a la institución jesuita, la lista de universidades privadas tomadas asciende a 27. Al igual que con los otros recintos, la UCA pasará a manos del gobierno sandinista, que se ha encargado de desarticular el pensamiento crítico en el país e instaurar el proselitismo político en la educación.
Los ataques contra la UCA
Desde hace cinco años, la dictadura optó por ahogar a la UCA económicamente. La asignación del 6 % constitucional del Presupuesto General de la República, que por ley le correspondía a la universidad, le fue reducido sustancialmente hasta el 2022.
El 31 de marzo del año pasado, con la reforma a Ley 582, Ley General de Educación y la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, los diputados sandinistas en la Asamblea votaron por dejar fuera a la UCA del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y también del porcentaje que era utilizado para becas a estudiantes de escasos recursos.
En 2022, las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua también le negaron la entrada al país al padre jesuita José Alberto Idiáquez, exrector de la universidad. La misma medida le fue aplicada al vicerrector de la UCA, Jorge Huete, quien en septiembre de ese año, salió de Nicaragua hacia Argentina para participar de una actividad académica, sin imaginar que a su retorno las autoridades del régimen le negarían la entrada a su nación.
La UCA cuenta con más de cinco mil estudiantes y más de 500 docentes, quienes se sumarán a la comunidad estudiantil y administrativa que permanecen en un «limbo» ante las acciones represivas que ha perpetrado el Ejecutivo contra las universidades del país.
La institución fue fundada en el año de 1960, y es considerada un referente en la educación superior de Nicaragua. Entre tanta represión, violencia y persecución política, la UCA se mantuvo firme a sus valores jesuitas y logró resistir a cada ataque de la dictadura.
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