El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, reconoció que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos en los países de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En ese sentido, subrayó que el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva mantiene una estrecha comunicación con los tres regímenes latinoamericanos para dialogar sobre ese tema.
En entrevista para el medio argentino Infobae, el canciller brasileño aseguró que los abusos a los derechos humanos en estas naciones son «un tema que le preocupa» a su administración.
«Sí, nosotros reconocemos eso, es un tema que tiene que ser discutido, nosotros hemos estado hablando con ellos y con otros países, incluso en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, porque nosotros estamos listos y abiertos para discutir cualquier tema que sea necesario», sostuvo Vieira.
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En relación a Nicaragua, respecto al destierro y a la desnacionalización de 222 líderes opositores, el jefe de la diplomacia brasileña afirmó que la administración de Lula da Silva ya ha expresado su preocupación en los espacios correspondientes.
«Especialmente en el caso de Nicaragua nosotros hemos tenido la oportunidad de votar en Ginebra y eso ha dejado en claro nuestra posición, es un tema que nos preocupa», destacó el canciller.
En el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el pasado siete de marzo, Brasil manifestó su preocupación acerca de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde 2018 y reiteró su oferta de recibir a los 317 opositores que el régimen de Ortega Murillo despojó de su nacionalidad.
«El gobierno brasileño sigue con gran preocupación las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones al espacio democrático en dicho país, en particular ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y tortura a disidentes políticos», dijo el representante de Brasil ante la ONU, Tovar da Silva Nunes.
El pasado junio, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno brasileño suscribió una resolución donde se condenan las violaciones a derechos humanos en Nicaragua y se demanda la libertad de monseñor Rolando Álvarez, a pesar que en un inicio se temía que el país sudamericano no se sumaría, finalmente lo hizo.
