Estas son las noticias más importantes del 16 de mayo de 2024

El periodista Wilfredo Miranda Aburto, en coordinación con el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de la organización Hagamos Democracia, elaboró un reporte sobre «la punta del iceberg» de las confiscaciones ilegales de bienes e inmuebles, pertenecientes a opositores, que fueron ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Con el inicio de esta nueva «piñata», la investigación del comunicador estima un monto inicial de más de 250 millones de dólares, aunque esta cifra es solo el comienzo de una deuda que «continúa aumentando» y que todos los «nicaragüenses deberán pagar en el futuro».

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Desde 2018, Ortega ha iniciado una nueva serie de «robos», los cuales, en palabras de Miranda Aburto, fueron «complicados» de cuantificar debido a la falta de información y el miedo que impide a las víctimas compartir datos. Esta medida represiva ha afectado a opositores, empresarios, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), medios de comunicación, universidades, la Iglesia católica y sedes diplomáticas.

El 9 de febrero de 2023, el régimen orteguista deportó a 222 presos políticos a Estados Unidos, confiscándoles todos sus bienes y congelando sus cuentas bancarias. Seis días después, el gobierno sandinista despojó de su nacionalidad a 95 opositores más. En total, 317 nicaragüenses fueron afectados.

El informe documenta 36 casos de confiscaciones, sumando 78 propiedades con un valor total de casi 18 millones de dólares a los críticos del gobierno. La mayoría de las propiedades están ubicadas en Managua y representan viviendas personales y vacacionales, terrenos, fincas y módulos comerciales. Muchas de ellas han sido transferidas a entidades estatales como el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC).

Eran aproximadamente las 10 de la mañana de aquel miércoles 16 de mayo, cuando un numeroso y fuertemente armado dispositivo policial y militar, desplazándose a la carrera y visiblemente tensos, anunciaba la llegada de dictador Daniel Ortega a las instalaciones del Seminario Arquidiocesano de Managua, donde ya estaba instalada la representación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) para iniciar el primer «Diálogo Nacional», en el contexto de las protestas ciudadanos contra la dictadura.

La entrada de Ortega estuvo marcada por un simbolismo histórico. Cuando entraba al salón donde se daría la reunión, decenas de estudiantes empezaron a gritarle «asesino, asesino…». Es la primera vez que le gritaban en su cara a Ortega «asesino».

Tras 29 días de manifestaciones y levantamientos populares prácticamente en todo el país, y al menos 60 asesinados, hasta ese momento, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) convocó al primar Diálogo Nacional, donde la ACJD, que en ese momento reunía a todos los grupos opositores, que habían surgido en el fragor de las protestas, y el Gobierno, se sentaban frente a frente para dialogar y buscar una solución a la crisis.

El gobierno de Ortega y la Alianza Cívica acordaron el ingreso al país de manera «inmediata» de organismos internacionales de derechos humanos, y la creación de una comisión para un eventual levantamiento de los tranques que tenían paralizado al país.

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Inicialmente, el régimen de Ortega no aceptó ninguna de las propuestas de la Alianza Cívica, que exigían la invitación al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), y a la Unión Europea (UE).

El gobierno cedió en lo referente al ingreso de la CIDH, del alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea, pero también conseguía involucrar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), timoneada por Luis Almagro, al proceso.

El Instituto Republicano Internacional (IRI) reconoció la misión y vida del obispo nicaragüense monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Al prelado le fue concedido el premio «Libertad 2024» por su destacado aporte a la libertad religiosa en el país centroamericano. El galardón fue recibido por el padre Benito Enrique Martínez Gamboa en nombre del jerarca católico.

Antonio Garrastazu, director de América Latina de IRI, explicó que el premio a monseñor Rolando Álvarez «representa un símbolo muy importante para la resistencia y aporte a la libertad de religión alrededor del mundo, particularmente en Nicaragua».

Por su lado, el sacerdote Martínez dirigió unas palabras en nombre del obispo Álvarez. Su intervención fue una clara crítica a los líderes católicos nicaragüenses. «En nombre de la Iglesia en Nicaragua, en nombre de todos los nicaragüenses, no engrosemos la lista de países, de Gobiernos, de instituciones, de Conferencias Episcopales de América Latina y del mundo, de personajes que en esta hora difícil y amarga que vivimos los nicaragüenses han vuelto los ojos a otra dirección en un silencio cómplice y cobarde del cuál habríamos deseados estuvieran exentos los obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Nicaragua», cuestionó.