La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, a través de su Comité de Justicia y Paz Internacional, expresó su solidaridad con el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, por lo que calificaron como un «encarcelado injustamente» por la dictadura de Nicaragua.
En una declaración hecha pública a través de su sitio de internet, el obispo de Rockford, EE.UU., y presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional, David J. Malloy, dijo que han tenido noticias sobre «otro fracaso en las negociaciones» para lograr la liberación al obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue «injustamente condenado a veintiséis años de prisión y despojado de su ciudadanía».
Ante tal situación, los obispos de EE. UU. instan a al pueblo católico de ese país y a la comunidad internacional a «seguir rezando por el obispo y abogando por su liberación».
Afectados por los constantes ataques a la Iglesia, la persecución, encarcelamiento y exilio forzado de muchos de los sacerdotes, además de la prohibición de las tradicionales actividades religiosas y la vigilancia permanente de paramilitares al interior y a los alrededores de los templos, gran parte de la feligresía católica ha optado por dejar de asistir a las misas y otros eventos.
Cada vez las parroquias o templos católicos en la mayoría de los 27 municipios, incluyendo las iglesias en las ciudades cabeceras, de los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, lucen vacías durante las acostumbradas misas de la mañana, principalmente de los domingos, por la ausencia de gran parte de los cristianos católicos que ya no asisten por temor al constante acoso e intimidación de los órganos represivos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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«La gente no ha dejado de apoyar económicamente a las iglesias con aportaciones que les nacen del corazón, y te dicen que van ayudar pero que no van a asistir a las misas o a las actividades que realizamos, como kermés para recaudar fondos, por temor a lo que le está pasando a nuestros sacerdotes», dijo una de las señoras encargadas de los eventos religiosos del templo católico del municipio indígena de San Lucas, en el departamento de Madriz, quien no quiso revelar su identidad para evitar represalias.
En una semana se ha conocido la salida de dos párrocos, está vez se trata del padre Douglas Guevara. Que dirigía la parroquia Inmaculada Concepción de María, de la Diócesis del departamento del León.
En las redes sociales de la Iglesia se informó sobre la salida del sacerdote, que es el séptimo párroco de ese templo. Extraoficialmente se conoció que salió del país por el constante asedio de agentes de la Policía.
Los miembros de la feligresía lamentaron su salida repentina. En la publicación se lee que «la comunidad entera de nuestra parroquia agradece al presbítero Douglas Ramón Guevara Ávila, séptimo párroco de nuestra localidad que nos brindó 10 meses de ardua labor pastoral, donde el amor, esfuerzo y constancia siempre resaltaron a pesar de las muchas limitaciones del camino, tomados siempre de la mano del señor y nuestra Purísima Señora».
Esta semana se conoció la salida del párroco español Jesús María Palma, de la parroquia San Isidro Labrador, en Jinotega. Los feligreses señalan que aunque conocen que la mamá del religiosos estaba enferma, salió del país sin previó aviso. Actualmente se encuentran 80 religiosos en el exilio.
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La Procuraduría General de la Nación (PGN), de Colombia, anunció este jueves, 13 de julio, que ha abierto un proceso de investigación «disciplinaria» en contra del excongresista y actual embajador de ese país en Nicaragua, León Fredy Muñoz Lopera, por haber participado en una actividad política del partido de Gobierno de Ortega, usando símbolos partidarios y haber dado declaraciones elogiando a la dictadura nicaragüense.
En una nota de prensa publicada en el sitio web oficial de la PGN, la institución informa que han procedido a iniciar el proceso investigativo contra el diplomático Muñoz Lopera, «en su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario en la Embajada de Colombia ante el gobierno de la República de Nicaragua, por su presunta participación en una marcha a favor de la revolución que tumbó al presidente Anastasio Somoza Debayle».
El proceso recae en la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, Para la Vigilancia Administrativa, quien señala que «al parecer, el funcionario estuvo presente en el evento convocado en el país centroamericano utilizando símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante su recorrido».
Jaime Navarrete, prisionero político de Daniel Ortega, sigue preso e incomunicado en las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa, a pesar de que ya pagó una codena impuesta por la justicia de Nicaragua.
El 24 de enero de este año, Navarrete cumplió la pena de tres años y seis meses, por los supuestos delitos de posesión de estupefacientes, psicotrópicos, otras sustancias controladas y posesión ilegal de armas, sin embargo el régimen orteguista se niega a liberarlo.
Un familiar del opositor dijo, en condición de anonimato a Artículo 66, que Navarrete «sigue sufriendo en las cárceles del régimen de Ortega Murillo, pese a que ya cumplió la injusta condena impuesta por sus verdugos y secuestradores».