El Gobierno de El Salvador afirmó «no intervenir en los asuntos internos» de Nicaragua, luego que el viernes, 23 de junio, la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó una resolución sobre el país.
«La República de El Salvador reafirma su posición de principios en materia de Derecho Internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado», cita la administración del presidente Nayib Bukele al de pie página del documento respecto a Nicaragua.
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Aunque la resolución fue aprobada por unanimidad, el gobierno salvadoreño, criticado por violentar los derechos humanos de sus ciudadanos, decide mantenerse al margen de la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua y que es condenada por la comunidad internacional.
Ante esto, el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, calificó de «infame» la posición de Bukele respeto a la demanda del organismo de cesar la represión en el país.
A solo 5 meses de que el Estado de Nicaragua abandone definitivamente el organismo regional, la 53 Asamblea General, que se celebró la semana pasada en Washington, se declaró «consiente del agravamiento de la crisis política y humanitaria en Nicaragua desde 2018», pese a los constantes llamados de la organización para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo restablecieran «las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos en el país».
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Asimismo, se declara «profundamente preocupados por las denuncias de persecución a miembros del clero y de comunidades religiosas que sufren, entre otras cosas, detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada». Además, por «la seria y sistemática violación del derecho a la libertad religiosa en el ámbito público y privado».
La OEA también se declara «profundamente preocupada por el Informe de marzo de 2023 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de que existen elementos de hecho para concluir, prima facie, la existencia de un crimen de lesa humanidad de persecución».
La Asamblea General de la OEA en su resolución emitió 9 puntos en los que «insta» al Gobierno de Nicaragua, entre otros aspectos, a que «cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, las libertades religiosas, y el Estado de derecho y a que se abstenga de toda forma de intimidación y acoso contra periodistas, medios de comunicación, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales, respetando su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».
Además, instan al régimen a liberar «de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos», y a que se abstenga de «reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y a que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez».
