Los senadores estadounidense Bill Cassidy y Tim Kaine presentaron este miércoles, 21 de junio, la «Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua», destinada a proporcionar beneficios a los 222 exreos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, el nueve de febrero.
Esta iniciativa, que pretende beneficiar de igual manera a los familiares directos de los exsecuestrados de la dictadura, fue leída y remitida al Comité de la 118ª Sesión del Congreso.
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El proyecto de ley define a los ciudadanos nicaragüenses elegibles, establece requisitos de elegibilidad y describe los beneficios disponibles para ellos, incluyendo asistencia para la reubicación; programas de derechos, y servicios de bienestar infantil. También incluye reglas de construcción y exenciones de la Ley de Reducción de Trámites.
Según destaca el documento emitido por los senadores, esta ley podrá ser citada como la «Ley Política de Nicaragua» o «Ley de Apoyo a Prisioneros».
En cuanto a los requisitos para poder ser beneficiado con la Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua, el escrito señala que la o el ciudadano debe de ser nicaragüense y haber llegado a los Estados Unidos el nueve de febrero de 2023, como parte de la liberación de los presos políticos.
Otro de los requisitos para acceder al beneficio, es que a la persona solicitante se le haya concedido una libertad condicional humanitaria de 2 años por el Gobierno de los Estados Unidos o que sea padre, cónyuge o hijo de uno de los 222 exreos políticos desterrados.
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Por su parte, el desterrado político Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, una de las organizaciones nicaragüenses que ha estado cabildeando por ese anteproyecto, manifestó que los 222 exreos de la dictadura Nicaragua «necesitan una estabilidad básica como permisos de trabajo y un camino rápido hacia el estatus legal en los Estados Unidos».
«Este proyecto de ley apoya sus esfuerzos como luchadores por la libertad y demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos en la lucha contra la tiranía a nivel global», agregó.
Pese a que el nueve de febrero, el régimen de Ortega excarceló y desterró a 222 opositores, muchos no han podido reunirse con sus familiares; además han manifestado que tienen dificultades para poder trabajar.