Monseñor Rolando Álvarez Lagos acumula 10 meses de ser preso político del régimen de Nicaragua, luego que el 19 de agosto de 2022, agentes policiales asaltaron la Curia Episcopal de Matagalpa —donde estuvo asediado por más de 15 días— para sacarlo por la fuerza y reducirlo a «arresto domiciliar».
El 10 de febrero de este 2023, el obispo de la Diócesis de Matagalpa fue condenado a 26 años de prisión más la pérdida de su nacionalidad por supuestos delitos de traición y conspiración a la patria.
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La arremetida contra el religioso se dio luego que el nueve del mismo mes se negara a ser desterrado junto a 222 exreos políticos hacia Estados Unidos, desatando la ira del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien lo insultó en televisión nacional y ordenó que fuera recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
Casi tres meses sin ser visto por sus familiares
El sábado 25 de marzo fue la primera y única vez que la familia del también administrador de la Diócesis de Estelí pudieron verlo en su cautiverio en la cárcel La Modelo.
A través de los medios de propaganda gubernamental, el régimen de Nicaragua exhibió en fotografías y vídeos a monseñor Álvarez junto a sus hermanos. En las imágenes se logró ver al sacerdote sonriente al lado de sus familiares, pero siempre vigilado por custodios del penal de varones.
Sin embargo, después de esa visita, el religioso cumple casi tres meses de no ser visto por sus familiares. Un funcionario del Sistema Penitenciario Jorge Navarro dijo a Artículo 66 que las autoridades del penal han prohibido que el obispo reciba paquetería y que nuevamente sea visitado.
«—A los familiares del obispo— no les han permitido otra visita y no les admiten paquetería; eso sucederá hasta que por órdenes superiores se oriente otra cosa», explicó la fuente en condición de anonimato.
Opositores demandan su libertad
Tras no saber nada de la situación de monseñor Álvarez, la opositora y exrea política Violeta Granera expresó a este medio de comunicación sentirse «indignada» por la situación que atraviesa el prelado.
«Monseñor Álvarez atraviesa una situación injusta y abusiva (…) Yo, al igual que todos los nicaragüenses hemos pedido su libertad y buscamos todo el apoyo nacional e internacional para lograr su salida y la de las más de 40 personas que siguen encarceladas en el país», expresó la desterrada política.
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Además dijo que espera que la dictadura de Ortega recapacite y «que reconozca que los pasos que ha dado han cruzado todas las líneas rojas y que no puede seguir el país en esa deriva porque está cometiendo demasiadas atrocidades».
Por su parte, el abogado e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco Juan Diego Barberena subrayó que la dictadura de Nicaragua continúa violentando los derechos humanos de Álvarez, así como las garantías del debido proceso.
«—Monseñor— ha sido objeto de un proceso judicial arbitrario donde no se le garantizó el derecho a la debida defensa y que después de que fue condenado a 26 años de prisión no se le permite que reciba visitas de sus familiares, lo que se convierte en un acto de tortura, conocido como tortura blanca», explicó.
Señaló, además, que el cura está recluido en una celda de máxima seguridad sin poder ser visto por su familiares en casi tres meses. «Esta es una opción de la dictadura de huir hacia adelante y mantener a monseñor Rolando Álvarez preso como una carta de negociación».
Desde el 2022 el régimen de Nicaragua arreció la arremetida contra la Iglesia católica de Nicaragua; primeramente encerró a sacerdotes católicos, obligó al exilió forzado a decenas de religiosos, ha prohibido la libertad religiosa y en este 2023 ha congelado cuentas bancarias de todas la Diócesis del país, acción que es condenada por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos que piden una prueba de vida de Álvarez.