La expulsión de la Selección nicaragüense de fútbol de la Copa Oro de la Concacaf ha levantado una polvareda de señalamientos que apuntan a que la corrupción del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, representada en ese deporte por su operador político Fidel Moreno, ha salpicado al balompié nacional, luego de lo cual la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) podría investigar y sancionar a la Federación nicaragüense.
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) sancionó a la Selección Nacional masculina de fútbol de Nicaragua excluyéndola de la Copa Oro por haber alineado en partidos internacionales al uruguayo Richard Rodríguez, sin que este cumpliera con todos los requisitos de nacionalidad, pero esa podría no ser la única medida que tendría que enfrentar el fútbol nicaragüense, pues en opinión de la cronista deportiva Loanny Picado, la FIFA también podría aplicar sanciones «de consecuencias catastróficas» al balompié pinolero.
Noticia relacionada: Corrupción de la dictadura Ortega-Murillo salpica el fútbol nicaragüense y Fidel Moreno es principal responsable
Y es que la expulsión de Nicaragua de la Copa Oro es apenas «la punta del iceberg» de toda la corrupción que ocurre en el fútbol nicaragüense, según explica Picado, que se ha especializado en coberturas a ese deporte.
Aunque la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) ha prometido apelar para tratar de revertir la sanción de la Concacaf, Picado considera que será difícil que la instancia deportiva continental se retracte pues no se tata de una medida tomada a la ligera sino de una investigación que ha llevado su tiempo.
Máxime que el propio jugador uruguayo reconoció, en una entrevista con la cadena de noticias deportivas ESPN, que fue el propio Fidel Moreno quien lo trajo a Nicaragua para jugar en el Real Estelí, bajo la promesa de otorgarle la nacionalidad nicaragüense y permitirle jugar en la Selección Nacional Azul y Blanco.
Estados Unidos extendió por 18 meses el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) que otorga permiso de residencia y trabajo a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Esta prolongación permite «ofrecer seguridad y protección continua» a los más de 300 mil beneficiarios actuales de estos países que «ya están presentes en Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres medioambientales», afirma el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
El gobierno del expresidente republicano Donald Trump, partidario de aplicar mano dura contra la migración irregular, decidió cancelar el TPS, pero algunos beneficiarios recurrieron a los tribunales con demandas que siguen en curso.
A víspera de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americano (OEA), a celebrarse del 21 al 23 de junio, en Washington D.C., el exembajador de Managua ante el organismo continental Arturo McFields explicó que el tema de Nicaragua será abordado con «cierto sigilo» por parte de los países miembros, que se niegan a referirse a Daniel Ortega como dictador.
El exdiplomático indicó a Artículo 66 que existe interés por parte de la OEA en abordar la situación de Nicaragua; sin embargo, subrayó que «se tocará de una manera descafeinada, sin colmillo y sin garra porque —los países que integran la OEA— no quieren llamar dictador a —Daniel— Ortega, porque si le nombran así, no hay espíritu para aprobar la resolución».
Argumentó que la negativa de llamar dictador a Ortega es porque algunos de los países tienen gobiernos con ciertas actitudes dictatoriales «y no quieren que luego a ellos los califiquen así».
Noticia relacionada: Ortega nombra agregado militar ante la Federación de Rusia
En cuanto a los temas a abordar en la Asamblea de la OEA, McFields dijo que han consensuado demandar la libertad de los presos políticos, diálogo con la dictadura y el regreso de organismos internacionales de derechos humanos.
A través del acuerdo presidencial número 71-2023, publicado este martes, 13 de junio, en La Gaceta, diario oficial, el dictador Daniel Ortega ordenó cancelar el nombramiento del coronel de Infantería DEM Pedro Agustín López Blandón, en el cargo de Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en la Embajada de Nicaragua en Venezuela.
El cargo del delegado del Ejército de Nicaragua estaba contenido en el Acuerdo Presidencial No. 06-2021, con fecha trece de enero del año dos mil veintiuno, nombramiento que duró un poco más de dos años.
Asimismo, Ortega, a través del acuerdo presidencial número 72-2023, ordenó asignar el cargo al teniente coronel de Infantería DEM Carlos Antonio Mayorga Reyes.