Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, reapareció al filo de cumplirse un mes de no vérsele en público. Siguiendo su retórica y patinando en la historia, encabezó un acto en conmemoración por el 128 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, un evento cargado de bailes, música y cantos.
El caudillo sandinista usó su cadena nacional para atacar otra vez a la Iglesia y al clero y se mostró orgulloso por la masacre que dirigió en 2018 contra la ciudadanía nicaragüense. Los tranques fueron levantados por policías y paramilitares entre junio y julio de ese año a punta de balas. Ortega lo vio como un triunfo y en lugar de minimizar el hecho señaló: “Lo dijimos y lo hicimos”.
El dictador arremetió contra los empresarios, recodándoles su alianza que mantuvieron por más de una década hasta la ruptura en medio del estallido social. Ortega les preguntó: “¿cuándo estaban mejor, con los golpistas tranquistas o ahora?” echándoles en cara los beneficios que obtuvieron al estar en contubernio con su régimen.
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La noche del 23 de julio de 2018, en plena escalada represiva de paramilitares y policías contra los manifestantes azul y blanco, se difundía la noticia sobre el asesinato a balazos de la joven brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha.
La estudiante de Medicina regresaba a su casa, que se ubicaba cerca de las inmediaciones de Lomas de Monserrat, en Managua, una zona vigilada porque en esa localidad reside el operador político y económico de la familia en el poder, Francisco (Chico) López.
Ante esta simulación de juicio y condena, juristas Acción Penal (AP) han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la estudiante de medicina, quien ese día regresaba de prestar servicio en un hospital capitalino. Con ello, se exigirá al Estado de Nicaragua dar continuidad al caso para que el crimen no quede en la impunidad.
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El exreo político Lázaro Ernesto Rivas Pérez, originario de Santo Domingo, Chontales, se reunió con su familia, en Chicago, Estados Unidos, donde se encuentra desde el nueve de febrero de este 2023. Rivas fue incluido en el grupo de opositores enviados a Washington por el régimen orteguista en calidad de desterrados para luego desnacionalizarlos.
Lázaro se reencontró con su esposa y dos de sus tres hijos después de sufrir la separación forzada por el encierro al que lo sometió la dictadura.
La familia de Lázaro Rivas pudo llegar a Estados Unidos por medio del parole humanitario, con el que muchos nicaragüenses, en especial exreos de la dictadura, han podido reencontrase con su seres queridos, pero antes sus parientes tuvieron que seguir enfrentándose a los bloqueos de las autoridades que pretendían perjudicar al exreo político.
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Fuentes, en condición de anonimato, revelaron a Artículo 66 que al menos cuatro oficiales decidieron desertar de la Policía para migrar hacia Estados Unidos. Según relatan, en el grupo hay tres mujeres policías, una de ellas identificada como Cristina Guzmán.
Detallan que la uniformada, originaria del barrio El Rodeo, en Managua, formó parte, en primera instancia, del área de «inteligencia» de la Policía y luego fue secretaria del Distrito seis, en la capital.
La Alcaldía de Managua, también bajo control del «cristiano» y «socialista» Daniel Ortega, notificó a 14 negocios ubicados en los alrededores del Estadio Nacional de Fútbol Cranshaw, que tienen 24 horas para desalojar el lugar, sin derecho a reubicación ni indemnización por las inversiones realizadas durante más de 30 años que han ocupado esos espacios.
La medida, que es calificada por una de las personas afectadas como «arbitraria, injusta e inhumana», fue notificada, primero de forma verbal el miércoles, y la mañana siguiente les llegó la notificación por escrito, dándoles el plazo fatal de 24 horas, sin posibilidades de prórrogas, según expuso a Artículo 66 un denunciante.