Abogados piden elevar a la Corte IDH el caso de la estudiante brasileña asesinada en 2018 por un paramilitar de Ortega

El organismo de juristas Acción Penal (AP) está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la estudiante de medicina de origen brasileño, asesinada por un paramilitar orteguista en el 2018, en Managua, para que se ordene al Estado de Nicaragua no seguir dejando en impunidad ese crimen.

El un escrito conclusivo del caso, presentado ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, los abogados de Acción Penal piden que el expediente, en el que se registra el asesinato de la universitaria brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha y en el que se incluye como víctima su mamá, María José Da Costa, sean tramitado a la Corte IDH para que esta instancia de justicia internacional conozca del proceso.

La estudiante brasileña de medicina de la Universidad Americana (UAM) Da Costa Lima Rocha fue asesinada a balazos la noche del 23 de julio de 2018, en plene escalada represiva conta las protestas sociales de ese año.

El crimen ocurrió, según testigos, en las inmediaciones de Lomas de Monserrat, en Managua. Cerca de la casa del operador político y económico de la familia en el poder, Francisco (Chico) López. El asesino confeso es Pierson Adán Gutiérrez Solís, uno de los paramilitares que protegía la vivienda del testaferro de Ortega.

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La Justicia sandinista simuló un proceso judicial, el acusado se declaró culpable y lo condenaron a 15 años de cárcel, pero fue «amnistiado» y actualmente goza de libertad y trabaja para el Gobierno de Ortega.

Acción Penal solicita a la CIDH y Corte IDH, que se decrete «la violación al derecho a la vida y acceso a una tutela judicial efectiva», conforme lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de las dos víctimas a las que el Estado de Nicaragua ha dejado en la indefensión.

Asimismo, solicitan que se decrete contra el régimen Ortega-Murillo, la «violación al derecho a la integridad personal», y que la Ley de Amnistía promulgada por Ortega en 2019, es «incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos».

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En consecuencia, según los penalistas, esa amnistía debe ser declarada «sin efectos jurídicos», y no puede ser utilizada para obstaculizar la investigación del asesinato de la universitaria brasileña.

Si la solicitud hecha por Acción Penal es admitida por la CIDH, emitirá un informe en el que hará recomendaciones al Estado de Nicaragua que podrían incluir «llevar a cabo una investigación oficial y sanción», para los culpables.

Mientras, si el caso es sometido a la Corte IDH, ésta lo analizará y emitirá una «sentencia fundamentada». El grupo de abogados aclara que, en el proceso ante la Corte IDH deben participar la CIDH, el Estado de Nicaragua y las víctimas.