El opositor e integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) Juan Carlos Márquez, de 27 años y originario de Nandaime, decidió exiliarse luego que el sábado, 13 de mayo, fuera detenido, acusado y obligado a presentarse a la Policía para firmar, sin establecer un limite de tiempo.
La Fiscalía habría acusado a Márquez, ante la jueza del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Karen Chavarría, por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelitos, por lo que el domingo, 14, luego de ser liberado de forma parcial, decidió salir de Nicaragua.
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Esa misma noche se judicializó, por el mismo delito, al menos a 18 nicaragüenses que también fueron secuestrados, en la que sería la segunda redada que ejecutó la Policía orteguista en este mes de mayo.
En entrevista con Artículo 66 el también licenciado en Comunicación Social dijo que tomó la decisión del exilio forzado por considerar que estos procesos, ejecutados por la dictadura orteguista, «son arbitrarios, ya que se persigue a ciudadanos que en 2018 reclamamos por nuestros derechos y la libertad de Nicaragua».
«La dictadura se ha ensañado contra el pueblo nicaragüense que, por supuesto rechaza el autoritarismo y el plan de sucesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, obligando a que muchos nos exiliemos de manera forzada», expresó el activista político.
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Subrayó, además, que «gracias a Dios estoy fuera de Nicaragua», por considerar que la nueva medida del régimen de Ortega es arbitraria, por «habernos secuestrado e impuesto una audiencia preliminar, sin ni siquiera una notificación, al igual que lo hicieron la semana pasada con decenas de ciudadanos».
Otras de las circunstancia que obligó a Juan Carlos Márquez a exiliarse fue la amenaza de la dictadura orteguista de que «en cualquier momento podrían cambiar de opinión» y modificarles la medida cautelar y someternos a prisión real.
Víctima de robo policial
Ahora, estando fuera de Nicaragua, sin revelar el país donde se encuentra, el integrante de AUN denunció que al momento de su detención fue objeto de robo de dos celulares, una cámara fotográfica y dos computadores.
«Al momento que me detuvieron no me golpearon ni me enchacharon, ni tampoco me dijeron el motivo de la detención, mucho menos hacia dónde me llevaban, hasta que vi que llegamos al Complejo Judicial de Managua, donde me tomaron las huellas dactilares y me hicieron firmar la requisa, pero luego no me devolvieron mis pertenencias», señaló.
También manifestó que como una forma de manipulación, la judicial orteguista «trató de decir que agradezcan que se les deja libre y no quedan apresados y que vería en su agenda laboral para cuando fijaba la próxima audiencia».
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El joven activista consideró que muchos opositores de Nicaragua se estarán viendo obligados a exiliarse porque «es claro que la dictadura continuará con esta deriva, sin importar el nivel de involucramiento, ya que el fin es desaparecer cualquier voz o indicio de cambio, quedándose solo con las personas que ellos consideren afines a sus planes de dinastía familiar».
Desde el 2018, el régimen orteguista desató una ola represiva en contra de ciudadanos que se manifestaron de forma pacífica. Tras cinco años de crisis política, la dictadura no ha cesado de hostigar a los nicaragüenses, persiguiendo, encarcelando y desterrando a toda voz opuesta a su política arbitraria.
