El doctor José Luis Borgen, especialista en cirugía general, fue capturado de forma arbitraria, la noche del sábado, 13 de mayo, por la Policía la servicio del régimen de Daniel Ortega, en una redada que dejó al menos 18 opositores detenidos, originarios de varias partes del país.
Fuentes informaron que, al igual que a todos los ciudadanos secuestrados, el galeno, exmiembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UNM), fue llevado a los juzgados de Managua, donde se le realizó un «juicio exprés», acusado por la Fiscalía por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelitos.
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Borgen fue liberado la mañana del domingo 14, bajo la condición de que se debe de presentar a firmar diario, en un periodo de seis meses, a la estación policial de su ciudad.
Según información obtenida por la exrea política Ivannia Álvarez, aparentemente el doctor Borgen no entendió que desde ayer domingo tenía que presentarse a la estación policial a firmar, por lo que agentes policiales se presentaron en su casa para llevarlo a que cumpliera con «el requisito» impuesto por la justicia orteguista.
«Al doctor le dijeron que tenía que presentarse a partir de mañana, por lo que entendió que las autoridades judiciales se referían a hoy lunes, porque la liberación fue en horas de la madrugada del domingo», indicó la también mimbro del observatorio Urnas Abiertas.
Víctima de constante represión
Borgen es uno de los rostros más conocidos del gremio médico nicaragüense, despedido del Hospital Antonio Lenín Fonseca por atender a opositores durante la crisis sociopolítica de 2018; subsiste por remesas y por el apoyo de algunos colegas, indicó. Desde entonces, ha sido víctima de asedio y agresiones.
El 13 de julio de 2021, el médico independiente se presentó a las oficinas del Ministerio Público en Managua, donde fue citado para una entrevista luego que brindara atención médica a la opositora María Asunción Moreno.
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Luego, el 22 de julio del mismo año, el médico se presentó en las instalaciones del Complejo Nacional «Conchita Palacios», donde fue citado a una entrevista ante la Dirección de Regulación Sanitaria por motivos no indicados en una carta.
Una vez en el lugar, los funcionarios del régimen le advirtieron que, de continuar compartiendo información sobre la pandemia del COVID-19, podría ser procesado con la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza.
Opositores con «muerte civil»
Para Álvarez, esta nueva acción de la dictadura Ortega y Murillo está reduciendo a los opositores a una «muerte civil, porque la mayoría trabajan y para poder cumplir deben de pedir permiso en sus trabajos».
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También indicó que ahora la Policía de Ortega se está evitando asediar a los opositores, sino que ahora las personas se van a entregar al órgano policial donde ponen sus firmas, se dejan tomar una foto y a la vez son amenazados, por lo que esta medida es una de las más abrumadoras (…) empujando al exilio forzado».
Por su parte, el exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro recordó que el doctor Borgen «está comprometido con la justicia y con su profesión. Además ha hecho cosas que le han incomodado a la dictadura, atendiendo a víctimas de represión, lo que le costó ser objeto de constante asedio.
Esta es la segunda ola de arrestos masivos, en lo que va de mayo. La primera fue el tres de este mes, ejecutada por la Policía, donde detuvo a 57 opositores, entre los los que están, activistas, exreos políticos, sacerdotes y periodistas.
Opositores no descartan que la ola represiva continúe, porque aseguran que el propósito del Gobierno orteguista es sembrar el terror para callar a las voces opositoras.
