La abogada chilena Antonia Urrejola y el jurista Paulo Abrão, de Brasil, rechazaron la suspensión definitiva y la anulación de los títulos de abogados y notarios de 25 nicaragüenses que fueron declarados apátridas en febrero pasado. Esta medida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se inscribe como un nuevo método de represión contra las voces disidentes.
Los abogados afectados por esta medida se suman a la defensora de presos políticos Yonarqui Martínez, que en días recientes fue la primera jurista con quien inauguraron la lista de los profesionales del derecho bloqueados para ejercer su carrera.
Abrão es defensor de derechos humanos y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que documentó la crisis sociopolítica en Nicaragua. Abrão escribió en la red social Twitter que «sin derecho de defensa no puede haber justicia o democracia».
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«Régimen en Nicaragua no más intenta disfrazar su autoritarismo e inhabilita en definitivo 25 valientes abogados cumplidores de sus deberes profesionales por el bien de las personas perseguidas políticas y familiares», criticó el brasileño, en referencia a las acciones de la dictadura nicaragüense.
Entre los nicaragüenses afectados por esta medida represiva destacan defensores de derechos humanos, activistas políticos, líderes opositores, analistas, y hasta el exmagistrado desertor del Poder Judicial, Rafael Solís.
«Y a pesar de todo lo que hemos visto, no logro perder la capacidad de asombro. Existe una novela de Hugo Claus “El Asombro”. Nunca perdamos esa capacidad ante la locura y los horrores, porque el asombro moviliza», escribió también en Twitter Urrejola, expresidenta de la CIDH, excomisionada de la CIDH para Nicaragua y excanciller de la República de Chile.
Los abogados afectados
En la lista de 25 abogados figuran 15 profesionales desterrados el nueve de febrero y 10 son parte de los 94 desnacionalizados el 15 de febrero por la justicia orteguista.
El listado lo encabeza el analista político y exembajador de Nicaragua ante la OEA Edgard Francisco Parrales Castillo; el exdiputado liberal José Bernard Pallais Arana; el político conservador Noel José Vidaurre Argüello; el exvocero del Poder Judicial Roberto Emilio Larios Meléndez y el desertor exmilitante histórico sandinista Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como Chino Enoc.
Siguen la activista Ana Margarita Vijil Gurdián, expresidenta del Partido Unión Democrática Ronovadora (UNAMOS); la defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María del Socorro Oviedo Delgado; y Róger Abel Reyes Barrera, el exdefensor de Félix Maradiaga.
En la misma lista figuran los exfuncionarios del Poder Judicial María José Camacho Chevezy Moisés Abraham Astorga Sáenz. Incluyen, además, a José Noel Talavera Aráuz, Hugo Ramón Rodríguez Flores, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo y Hader Humberto González Zeledón.
Los otros afectados son el defensor Uriel de Jesús Pineda Quinteros, exiliado en México; el escritor Sergio Ramírez Mercado; la ambientalista Mónica Augusta López Baltodano; el dirigente de UNAMOS Héctor Ernesto Mairena; el presidente del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga y el exdiputado liberal Eliseo Fabio Núñez Morales.
Cierran el listado el director del blog Bacanalnica, Manuel Jacinto Díaz Morales; el director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Alvaro Leiva Sánchez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la doctora Vilma Núñez Ruiz de Escorcia.