La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió eliminar la profesión de abogados a otros 25 juristas nicaragüenses, entre los que destacan defensores de derechos humanos, activistas políticos opositores, analistas, y hasta el exmagistrado desertor del Poder Judicial, Rafael Solís.
Mediante una primera resolución número 11052023-1110, publicada este jueves, 11 de mayo de 2023, la CSJ anuló el título de abogados de 15 profesionales del derecho, entre los que destacan el analista y exembajador de Nicaragua ante la OEA Edgard Francisco Parrales Castillo; el exdiputado liberal José Bernard Pallais Arana; el político conservador Noel José Vidaurre Argüello; el exvocero del Poder Judicial Roberto Emilio Larios Meléndez; el desertor exmilitante histórico sandinista Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como Chino Enoc; la activista Ana Margarita Vijil Gurdián, expresidenta del Partido Unión Democrática Ronovadora (UNAMOS); la defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María del Socorro Oviedo Delgado; y Róger Abel Reyes Barrera, el exdefensor de Félix Maradiaga.
En la misma lista figuran los exfuncionarios del Poder Judicial, que fueron desterrados el pasado nueve de enero hacia Estados Unidos, María José Camacho Chevez y Moisés Abraham Astorga Sáenz. Incluyen, además, a José Noel Talavera Aráuz, Hugo Ramón Rodríguez Flores, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo y Hader Humberto González Zeledón.
La segunda lista, bajo el número 11052023-1150, incluye a otros 10 abogados. Los afectados son el defensor Uriel de Jesús Pineda Quinteros, exiliado en México; el escritor Sergio Ramírez Mercado; la ambientalista Mónica Augusta López Baltodano; el dirigente de UNAMOS Héctor Ernesto Mairena; el presidente del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga; el exdiputado liberal Eliseo Fabio Núñez Morales; el director del blog Bacanalnica, Manuel Jacinto Díaz Morales; el director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Alvaro Leiva Sánchez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la doctora Vilma Núñez Ruiz de Escorcia y el exmagistrado y padrino de bodas de Daniel Ortega, Rafael Enrique Solís Cerda.
«Suspéndase de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos, asimismo, se anulan los títulos de abogados y notarios públicos a partir de la presente resolución», ordenan los magistrados orteguistas.
Antes de estos 25 abogados, la dictadura había despojado de su título y prohibido el ejercicio profesional a la defensora Yonarqui Martínez, con la que la dictadura sandinista se estrenó en esta nueva modalidad represiva de venganza política contra voces críticas y desertores.
Noticia relacionada: Corte Suprema de Justicia suspende «definitivamente» de su profesión a la abogada Yonarqui Martínez
Las dos resoluciones fueron dictadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, integrado por los magistrados Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ; el magistrado vicepresidente Marvin Aguilar; y la magistrada Juana Méndez. Todos son obedientes a Daniel Ortega y Rosario Murillo y han ordenado las acciones de criminalización, encarcelamiento de presos políticos y persecución a opositores, usando como arma los tribunales de justicia.
Como parte de la «relación de hechos», que hacen los magistrados para despojar de su profesión a estos abogados, en el caso de la primera resolución mencionan la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua del nueve de febrero de 2023, en la que la misma justicia sandinista desterró a 222 nicaragüenses hacia Estados Unidos. Es decir, que los primeros 15 abogados son exprisioneros políticos que iban en el avión del destierro.
En la segunda resolución incluyen a 10 abogados de una lista de 94 nicaragüenses a los que les despojaron de su nacionalidad, el 15 de febrero de 2023.
En ambas resoluciones, los magistrados sandinistas vuelven a argumentar los señalamientos de «traición a la patria» y la pérdida de los derechos constitucionales a perpetuidad, dictadas por los jueces, también obedientes a la dictadura sandinista.