La justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional al menos a 30 ciudadanos que fueron secuestrados la noche del miércoles, tres de mayo, así lo conoció Artículo 66 a través de defensores de derechos humanos.
La abogada Yonarqui Martínez explicó que todas las audiencias fueron en secreto en horas de la noche y madrugada de este jueves, en los juzgados de Managua, para luego liberarlos bajo medida cautelar de presentación periódica, la que «en cualquier momento esta medida puede ser revocada».
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Entre las anomalías en el proceso en contra de los ciudadanos, la defensora de derechos humanos señaló que a todos se les realizó audiencias preliminares a altas horas de la noche y se les prohibió el derecho a una defensa, siendo, además, sustraídos de su juez natural. «Es una completa aberración jurídica. Jueces, fiscales y Defensoría, partícipes de esta gran atrocidad», subrayó.
Los detenidos por la Policía orteguista son activistas opositores, dirigentes del Movimiento Campesino y hasta a parejas de dirigentes locales exiliados, los que ahora están en sus casas pero bajo fuerte asedio policial y paramilitar, tras conocer que se deben de presentar, en algunos casos, diario a los juzgados.
Uno de los detenidos y que fue liberado este jueves, es el periodista y excorresponsal en Somoto del diario La Prensa, William José Aragón Rodríguez, así lo informó, a través de su cuenta de Twitter Alertas Libertad de Prensa Nicaragua. «Agradecemos a las personas y organizaciones que denunciaron el caso, y demandamos al Estado de Nicaragua el cese a la persecución en contra de periodistas y ciudadanos».
Presentados ante jueces orteguistas
Aragón, según el medio de comunicación Despacho 505, habría sido acusado, junto a Daniela del Rosario Argüello Cano, abogada y opositora de Somoto; Ruth Espinoza Ordóñez y Xiomara del Socorro Ruiz Gutiérrez, ante la jueza Décimo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra.
Ante la misma judicial fueron acusados Jexy Sebastián Manzanares López, Cinthya González Alemán, Maryuris Noelia Miranda Castro, Harold Antonio González González, Jahaira María Martínez Carrillo y Teresa Ignacia Mena Lazo.
Mientras que el líder del Movimiento Campesino Octavio Vicente Ortega Arana fue acusado ante el juez Sexto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Rolando Sanarrusia.
Otra de las detenidas y acusada por la justicia orteguista fue Mari Cruz Bermúdez Medrano, madre de Richard Pavón, unos de los primeros asesinados en las protestas sociales del 2018, la que fue presentada ante la jueza Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Karen Chavarría, experta en procesar a presos políticos.
Yonarqui Martínez señaló que Bermúdez Aragón fue acusada «bajo argumentos falsos de traición a la patria; fue detenida de manera ilegal», sin embargo fue dejada en libertad.
Ante la misma judicial fueron llevados los opositores Juan José Huete Sandoval; el periodista Óscar Rodolfo García Vallecillo; Óscar Antonio Medrano Orozco; Scarleth de los Ángeles Urbina Gago; Luis Alexander Carrión Lezcano; Ervin José Ramírez Lesage y Henry Antonio Quintero Quintero.
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Los otros opositores tenidos y liberados bajo la condición de presentarse de forma periódica son Jorge Adolfo Blandón Blandón, Jordan Alejandro Altamirano Hernández, Jared Josué Villareina Méndez, Alfredo Enrique Palacios Blandón, Ángeles Loyreth Pacheco Iglesias.
También están los ciudadanos Tamara Albertina Ruiz Navarrete, Humberto Cecilio Hernández Méndez o Humberto Hernández Hernández, Jaime Blandón Rugama, Joanner Frelldyn Zeledón Rivera, Víctor Antonio Méndez Altamirano y Martha Lorena González Medrano. Todos fueron presentados ante la jueza Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Nalia Úbeda.
Esta nueva arremetida del régimen de Nicaragua se suma a una primera ola de arrestos arbitrarios a inicio de abril, que terminó con las detenciones de líderes opositores, exreos políticos, además del periodista Víctor Ticay.
Activistas han advertido que el régimen de Daniel Ortega tratará de llenar, otra vez, las prisiones para tener nuevas cartas de negociación ante el recrudecimiento de las presiones internacionales.
Para la abogada Martínez «las detenciones en Nicaragua son una especie de Juego de dominó. Mientras hace expulsiones de nacionales ingresan nuevos detenidos. Objetivo: “tener rehenes”».