La inseguridad jurídica en Nicaragua reina y en parte se debe al control total que ejerce Daniel Ortega en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Nacional, los poderes del Estado que deberían velar por el cumplimiento de las leyes. La voluntad de la pareja dictatorial es ley y ningún instrumento legal es impedimento para ellos. Si quieren algo, lo tienen a toda costa.
Esta problemática, dice el abogado e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Juan Diego Barberena, en el país tiene «un largo trecho recorrido» y cuenta con un antecedente en la corrupción en las esferas del Poder Judicial con el tráfico de influencias y de tierras.
Además, que se ha visto acentuado el tema de la propiedad tras la configuración del régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El opositor señala que la inseguridad jurídica se comenzó a instalar en el país a partir de los años 2008-2009, cuando el Poder Judicial inició a dar señas de dependencia del Poder Ejecutivo.
«En reiteradas ocasiones el exmagistrado y ahora desnacionalizado, Rafael Solís, benefició a partidarios del Frente Sandinista en algunos litigios y en algunos otros momentos a empresarios, todo tramado desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo», refirió.
Hace unos 14 o 15 años, dice Barberena, es que se inició a fraguar una inseguridad jurídica donde la legalidad no estaba siendo aplicada correctamente por los jueces y la CSJ dio síntomas de menos independencia. Esta inseguridad jurídica, advierte, ha beneficiado parcialmente a las empresas que están «alrededor» de la dictadura, a los partidarios de Ortega.
La reedición de la piñata
Las confiscaciones más visibles no nacieron en 2023 con el despojo de bienes a los hoy expatriados, sino con el asalto a los edificios de 100% Noticias, Confidencial, Cenidh y otras organizaciones de sociedad civil, a las que le arrebataron su personalidad jurídica en 2018.
El atraco de las confiscaciones se endureció con la anulación de la personalidad jurídica de más de 3 mil ONG, universidades privadas, cámaras empresariales. Los bienes de todas las organizaciones clausuradas fueron traspasados a manos del Estado.
Según un estudio de la Fundación del Río, la cancelación masiva de las ONG habría dejado en el desempleo a más de 23,400 personas nicaragüenses. El documento refiere que en total, la dictadura ha aniquilado alrededor del 46% de las organizaciones sin fines de lucro que habían en el país, la mayoría de cancelaciones se dieron en el 2022.
Ortega y Murillo disponen de las propiedades a su gusto y antojo al asignar algunos inmuebles a las instituciones. La sede diplomática de la OEA y Taiwán están en la larga lista de los robos de la dictadura.
Murillo, a su hija y asistente personal, Camila Ortega, le regaló una edificio confiscado a «Puntos de Encuentro» para instalar un «centro de talento creativo». El inmueble está valorado en casi medio millón de dólares, es moderno, antisísmico y está ubicado en Bolonia, muy cerca de la casa de los dictadores.
La primera piñata de los sandinistas en 1990 le costó a Nicaragua una deuda de más de 2 mil millones de dólares para resarcir los daños a los ciudadanos afectados, cuando estos demandaron al Estado por los abusos sandinistas de los años 80.
Actuaciones fuera de la ley
Yonarqui Martínez, abogada y defensora de derechos humanos, explicó que el Estado de Nicaragua aplica una ley «ilegal» para justificar la confiscación de bienes, que solo se podría usar para delitos de crimen organizado. La defensora de derechos humanos manifestó que el decomiso y la expropiación de estos bienes es una actuación fuera de la ley.
«El procedimiento que está usando la Procuraduría es un procedimiento que no está establecido en el decomiso de bienes y ocupación de los mismos», dijo. Indicó que constitucionalmente la expropiación y confiscación «está prohibida, pero se han valido de leyes que son inaplicables en este tipo de delitos para poder despojar de bienes a las víctimas», afirmó.
La confiscación está prohibida según el artículo 44 de la Constitución Política de la República, pero el país está dominado por una dictadura que no obedece el ordenamiento jurídico y no le importa salirse de la legalidad para cometer sus actos arbitrarios, dice Barberena.
El waiver de la propiedad
Cuando Ortega declaró apátridas a mas de 300 nicaragüenses no se percató, o no quiso, que en las listas habían ciudadanos norteamericanos y ordenó la confiscación de sus propiedades. Si ortega se apresura a tomar posesión de esos inmuebles pone en riesgo el «Waiver de la propiedad» que Estados Unidos eliminó en 2015 después de 20 años en ejecución.
El «waiver» eran algunas restricciones legales relativas a la asistencia bilateral y al apoyo para la concesión de préstamos internacionales para Nicaragua, esto se aplicó ante la falta de solución de los reclamos de los ciudadanos norteamericanos que sufrieron la confiscación de sus bienes en la primera dictadura sandinista de los años 80.
La Ley de Autorización de las Relaciones Internacionales de los años fiscales 1994 y 1995, en la sección 527, prohíbe la asistencia y apoyo de EE. UU. a los países que no brinden a los ciudadanos estadounidenses un mecanismo adecuado para resolver sus reclamos pendientes de propiedades confiscadas, que era el caso de Nicaragua y se podría repetir con esta nueva piñata.
La advertencia de Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en 2021 a los inversionistas ser «extremadamente cautelosos» al colocar su dinero en Nicaragua debido al clima de incertidumbre generado por las leyes represivas, la persecución política y fiscal, y un cuestionable manejo de la pandemia del COVID-19.
La advertencia fue emitida en el informe sobre el «Clima de inversión 2021» y que tiene como propósito analizar el clima empresarial de más de 170 países para ayudar a las empresas estadounidenses en sus decisiones de inversión internacional.
«El régimen de (Daniel) Ortega continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a los presos políticos y haciendo caso omiso del estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria», señala la agencia norteamericana.
También, indican que las autoridades fiscales han incautado propiedades siguiendo facturas fiscales supuestamente arbitrarias y han encarcelado a personas sin el debido proceso hasta que se negociaron y pagaron los impuestos. Además, «las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras perjudican a las empresas extranjeras que importan productos.
«La falta de seguridad jurídica ahuyenta la inversión extranjera y nacional porque no hay garantía para los empresarios… en detrimento de la libre competencia empresarial», mencionó el integrante de la Unab.
