Régimen orteguista confisca nueve casas de lujo a jubilados estadounidenses en playa de Tola

Nueve jubilados estadounidenses denunciaron la confiscación de sus viviendas de lujo en playa Gavilán, ubicada en el municipio de Tola, departamento de Rivas, Nicaragua.

La medida, ejecutada a finales de agosto de 2026, los privó de propiedades que habían construido y mantenido durante más de 15 años, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio las confiscaciones de bienes atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De acuerdo con una investigación publicada por Confidencial, las nueve casas fueron ocupadas junto con los muebles, equipos y demás pertenencias que permanecían en su interior.

Los propietarios, sin residencia permanentemente en Nicaragua, utilizaban las viviendas para vacacionar, pasar temporadas lejos del invierno estadounidense o recibir a familiares y amigos.

Lee también: Ortega aceita su maquinaria de robo y confiscación con reformas de cinco leyes sobre lavado de dinero

El despojo se habría producido sin una notificación oficial dirigida a los afectados, por lo que, cuando ocurrió la ocupación, únicamente se encontraban en las viviendas los vigilantes contratados para protegerlas, quienes recibieron instrucciones de abandonar los inmuebles por parte de hombres que se identificaron como representantes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Los trabajadores fueron informados de que las propiedades habían pasado a manos del INSS y alertaron a los propietarios, quienes acudieron a la Policía y a la Alcaldía de Tola: en ambas instituciones les confirmaron que las viviendas ahora pertenecían al Estado nicaragüense.

Desde entonces, las viviendas permanecen bajo vigilancia de personas presuntamente vinculadas al régimen Ortega-Murillo, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio.

Una pérdida de hasta 15 millones de dólares

Las nueve propiedades representan una importante pérdida económica para sus dueños, quienes llegaron a Nicaragua durante la década del 2000 y finalizaron la construcción de las viviendas alrededor de 2010.

Aunque estas casas, que cuentan con diseños arquitectónicos de lujo, estaban ubicadas una junto a la otra, no constituían un complejo residencial bajo una administración común.

En ese sentido, los propietarios citados por Confidencial, señalaron que la construcción de la vivienda más pequeña, costó al menos 500.000 dólares, mientras que la de mayor valor requirió una inversión estimada de entre 700.000 y 800.000 dólares.

Lee también:  #ENCONTACTO: Así serán las confiscaciones de tierras en las zonas fronterizas

Al sumar las mejoras realizadas durante los años siguientes, el mobiliario y los enseres que quedaron dentro de las casas, los afectados calculan que el perjuicio total ronda los 15 millones de dólares.

Los propietarios sostienen que durante más de una década cumplieron con sus obligaciones ante la Alcaldía de Tola, incluidos los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles y el canon anual de arrendamiento, que ascendía a unos 1.000 dólares por vivienda.

Bajo el régimen de la Ley 690, relacionada con el desarrollo de las zonas costeras, los jubilados tenían derechos sobre las construcciones, mientras que el terreno pertenecía al Estado y era objeto de contratos de arrendamiento renovables.

Uno de los afectados explicó que la situación cambió cuando la Alcaldía canceló el contrato correspondiente a 2026, y es que, según su relato, esa decisión fue seguida por la pérdida de las viviendas, pese a los años de pagos y a la inversión realizada.

Ahora quieren cobrarles alquiler

Además de la pérdida patrimonial, los jubilados describieron el episodio como la destrucción de un proyecto de vida que habían desarrollado en Nicaragua, país en el que decidieron invertir y al que estaban vinculados desde hacía años.

La situación también repercute en la economía de la comunidad, y es que, en conjunto, los propietarios empleaban a aproximadamente 15 habitantes de la zona en labores de seguridad, jardinería, limpieza, cocina y mantenimiento. Estos trabajadores se quedaron sin sus fuentes habituales de ingresos.

Uno de los aspectos más controvertidos de la denuncia es que, según los afectados, después de quitarles las casas se les habría ofrecido la posibilidad de alquilarlas a través del INSS, algo que recibieron con indignación.

Los jubilados esperan recuperar sus viviendas o recibir una compensación por el valor de las construcciones, las mejoras y los bienes que quedaron dentro de ellas.

Estados Unidos sabe de esta situación

Las personas afectadas denunciaron sus casos ante la Embajada estadounidense en Managua mediante un correo que fue habilitado para ese fin, pero como respuesta solo recibieron: «no nos podemos meter en asuntos de propiedades».

Ante eso, el medio nicaragüense consultó a las autoridades estadounidenses y aunque un vocero del Departamento de Estado lamentó la situación, recordó que, en su alerta de viaje ya se había advertido a los ciudadanos que «las autoridades (nicaragüenses) podrían incautar bienes, incluyendo terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros, sin previo aviso ni justificación legal».

Ante esta realidad, el vocero recomendó a los ciudadanos afectados contratar a un abogado local y agregó que la embajada «mantiene una lista de abogados locales en su sitio web».