La Comunidad de Frailes Dominicos, de la Parroquia La Dolorosa, en San José, Costa Rica, expresó su solidaridad por las tres monjas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, expulsadas recientemente de Nicaragua.
«La Dolorosa expresa su solidaridad y fraternidad a las Hermanas Dominicas de la Anunciata en este momento en que las hermanas Isabel y Cecilia Blanco Cubillo, costarricenses, y la hermana María Albertina González, guatemalteca, han sido expulsadas de Nicaragua», refiere un breve comunicado publicado en la plataforma de Facebook de la parroquia.
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Agregan que ante esta acción represiva, «elevan plegaria por su misión en Nicaragua y pedimos al Creador que todos estos signos de violencia e impunidad se conviertan en luz y esperanza para la misión y acompañamiento de los pueblos en América Central».
Las religiosas, que atendían el asilo de ancianos López Carazo, ubicado en la ciudad de Rivas, arribaron a Costa Rica, la tarde del miércoles, 12 de abril.
La Diócesis de Tilarán-Liberia informó en sus redes sociales que las religiosas Blanco Cubillo fueron recibidas en el puesto fronterizo de Peñas Blancas por su hermana Violeta Blanco Cubillo junto a su esposo, Carlos Vargas.
Según se conoció, mediante una notificación dirigida a la Diócesis de Granada, a cargo de monseñor Jorge Solorzano, el régimen ordenó la salida de las religiosas en un plazo no mayor a las 72 horas. Ni las autoridades eclesiales ni la dictadura han explicado los motivos de la expulsión.
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El obispo Salazar en una breve declaración también pidió mantener la oración por la Iglesia católica de Nicaragua, especialmente por monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien el régimen sandinista mantiene secuestrado tras haber sido condenado a más de 26 años de prisión. “¡María Madre Inmaculada, defiende y protege a Nicaragua!”, clamó el religioso costarricense.
Pese a la ola represiva contra la Iglesia católica, el régimen de Ortega, a través de la encuestadora nacional M&R Consultores, asegura que el 87.9% de los nicaragüenses aseguran que hay libertad religiosa en el país.
Dichos datos se contradicen con el cerco impuesto a la libertad de culto, encarcelamiento, destierro de sacerdotes, expulsión de monjas y confiscación de bienes, como fue el caso del robo del monasterio propiedad de las Hermanas Trapenses.
En Semana Santa la Policía orteguista detuvo a más de 20 personas, en su mayoría feligreses católicos, a quienes no ha acusado formalmente, además ha impedido la libertad de culto.