El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue su arremetida contra universidades de Nicaragua, esta vez canceló la personalidad jurídica de la Universidad Rubén Darío (URD), ubicada en Diriamba, Carazo.
Según el acuerdo ministerial 55-2023-OSFL, publicado este miércoles, 29 de marzo, en la Gaceta, diario oficial, el Ministerio de Gobernación canceló esa casa de estudio superior, conforme a la resolución No. 003-2023, emitida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
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El Migob señala que la URD, que funcionaba desde el 13 de enero de 2011, no cumplió con el proceso de verificación emitido el 18 de agosto de 2021, por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
Alega, que el 20 de septiembre, de 2021, la alma mater solicitó prórroga para entregar el informe de autoverificación, «sin embargo, a la fecha, la Universidad Rubén Darío (URD) no ha cumplido con la acreditación de los mínimos de calidad, ante el CNU y CNEA».
Por otra parte, El Migob aseveró que la cancelación de la URD se hizo tras la solicitud del CNU Y CNA, el 20 de marzo de 2023, «en virtud de los incumplimientos al artículo 58 de la Ley N°. 1114».
Agrega que la Universidad también incumplió lo estipulado en «la Ley de Reforma a la Ley N°582, Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley N°. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de educación superior en sus numerales 1 y 4 y el articulo 31 de la Ley N°. 1087 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 704, Ley Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la calidad de la Educación y reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación».
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A como ha sucedido con otras universidades y organizaciones sin fines de lucro, el régimen de Ortega señala que la Universidad Rubén Darío está incumpliendo sus obligaciones conforme Ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB, ya que asegura que esta no reportó sus estados financieros por cuatro años (2019 al 2022).
Además refiere que su junta directiva está vencida desde el 18 de abril, de 2022, «violentando lo establecido en la Ley No. 1115 “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB, ya que al no reportar sus Estados Financieros conforme periodo fiscal, con desgloses detallados de ingresos y egresos, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos de la Universidad», alega el Migob.
Una vez «descabezada» la URD, el Ministerio de Gobernación ordenó a los directivos de la Universidad entregar a la dirección de cumplimiento del Consejo Nacional de Universidades (CNU) la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matricula y calificaciones (Registro Académico).
También afirma que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nacional en universidades regidas por el mismo Consejo Nacional de Universidades.
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En cuanto al destino de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad, estos pasarán a manos la Procuraduría General de la República, realizando el traspaso a nombre del Estado de Nicaragua.
Con esta nueva arremetida, el régimen de Ortega sigue su camino ilegalizando a las universidades privadas. Desde el 2022 ha ilegalizado a más de 10 casas de estudios, entre las que están la Uhispam, UCAN, Pablo Freire, Juan Pablo Segundo, entre otras.
