La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), canceló la personalidad jurídica de dos universidades más. Se trata de la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP).
Los acuerdos ministeriales 32-2023-OSFL y 33-2023-OSFL publicados en La Gaceta de este 14 de marzo señalan que ambos centros universitarios incumplieron sus obligaciones conforme las leyes que regulan la educación superior: Ley 1114, Ley de Reforma a Ley 582, Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las instituciones de Educación Superior y la Ley 1087, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 704, Ley Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación.
Además, indican que las dos universidades también incumplieron con sus obligaciones conforme Ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Migob, «ya que no reportaron sus estados financieros período 2022, conforme lo establecido en la Ley No. 1115 (…), obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Migob, ya que al no reportar sus estados financieros conforme periodo fiscal, con desgloses detallados de ingresos y egresos, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos».
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Según la exposición de motivos de los decretos de cancelación, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNE) solicitaron al Migob cancelar de la personalidad jurídica de la UPAN y UNIP por incumplir con sus obligaciones ante la Ley.
«El CNU y el CNEA, el día 02 de marzo del 2023, evaluó a la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN), en la sede central, ubicada en Managua, así como la sede de Matagalpa, con el propósito de verificar el cumplimiento del currículo de las carreras, conforme marco normativo», se lee en el acuerdo 32-2023-OSFL.
Asimismo, señaló que «UPAN no cuenta con una oferta académica consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben poseer los planes de estudio que exige el CNEA y el CNU. No cuenta con autorización por parte del CNU y CNEA para ofrecer carreras en el exterior, falseando información de la oferta de posgrado, maestría y doctorado ofrecidos a estudiantes extranjeros; y no cuentan con una infraestructura adecuada para impartir su oferta académica».
«El CNU no ha autorizado la ejecución de 09 maestrías y 02 doctorados, estas no fueron reportadas al CNU. Cinco de los diseños curriculares de maestrías, están desactualizados. La oferta de maestría y doctorado, no cuenta con soporte metodológico para ser impartido. La oferta académica que realiza UPAN por medio de las redes sociales, no cuenta con la autorización del CNU y de las 20 carreras declaradas al CNU, UPAN únicamente presentó lista de docentes de 02 carreras», agregó.
En el caso de la Universidad del Pacífico (UNIP), el CNU y CNEA argumentaron que el campus universitario «no logró el cumplimiento de los elementos mínimos en su oferta académica, los cuales son necesarios para obtener la acreditación correspondiente de acuerdo a los planes de estudio que exige el CNEA y el CNU; y no cumple con los mínimos relativos a investigación científica, docentes contratados a tiempo completo y estructura institucional».
«UNIP tampoco cuenta con autorización por parte del CNU y CNEA para ofrecer carreras en el exterior, asimismo no cuenta con soportes tecnológicos para ofertar servicios de educación virtual a distancia, también ha obviado información relativa a la realización de actividades académicas y de titulación en el extranjero, otorgando títulos académicos, lo cual atenta contra el sentido de integridad y el rigor académico al que están obligadas las instituciones de educación superior», señala el acuerdo 33-2023-OSFL.
La resolución también indica que para «lo referido a la liquidación de los bienes y activos» de los organismos eliminados «se aplicará lo establecido en la Ley 1115 y su reforma».
Desde el 2018, el Gobierno de Daniel Ortega ha cancelado la personalidad jurídica de más de tres mil oenegés, los argumentos que ha utilizado desde el 2020 han estado basados en las leyes que inventó para controlar a todos los organismos.
En la lista de organizaciones no gubernamentales hay entidades de derechos humanos, universidades, religiosas y humanitarias, además ha sumado otras allegadas a su régimen.
