Activistas de grupos sociales y víctimas de la guerra civil de Guatemala (1960-1996) marcharon este viernes para exigir elecciones transparentes ante temores de fraude y rechazaron la candidatura de una hija del exdictador Efraín Ríos Montt.
Aglutinadas en el Frente de Resistencia Contra el Fraude Electoral y la Dictadura, decenas de personas marcharon por el centro histórico de la capital gritando consignas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de organizar las elecciones generales del 25 de junio.
Las principales demandas al TSE son corregir “el rumbo de sus actuaciones”, que “se respete el derecho de participación” a una candidata indígena excluida de la contienda y que rechace la participación de Zury Ríos, hija del militar que gobernó con mano de hierro el país entre 1982 y 1983.
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La carrera electoral iniciará oficialmente el lunes, pero desde hace semanas los magistrados del TSE son cuestionados por la supuesta opacidad del proceso.
Unos nueve millones de guatemaltecos están inscritos para votar por el nuevo presidente -que sustituirá al mandatario saliente Alejandro Giammattei-, por 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes para un periodo de cuatro años.
Los manifestantes rechazaron la inscripción como candidata presidencial de Zury Ríos, alegando que tiene prohibición constitucional por ser hija de Ríos Montt.
“Votar por Zury Ríos es elegir la muerte por genocidio, por hambre, por bala, por enfermedades y por miseria”, decía una pancarta.
El militar fue condenado en 2013 a 80 años de prisión por genocidio, pero la sentencia fue anulada por “errores procesales”. La justicia ordenó un nuevo juicio, pero en 2018 Ríos Montt falleció a los 91 años.
Además, los manifestantes cuestionaron que el TSE rechazara la inscripción de la indígena Thelma Cabrera y su compañero de fórmula, el exprocurador de los Derechos Humanos Jordan Rodan.
Los manifestantes portaban pancartas que decían “No al Fraude”, así como fotografías del exdictador con la frase “Nunca Más”.
El conflicto armado dejó 200.000 muertos o desaparecidos, el 93% responsabilidad de las fuerzas estatales, según un informe de la ONU.