Este lunes, 13 de marzo, el exaspirante presidencial Félix Maradiaga denunció, en un encuentro con las delegaciones europeas acreditadas en la ONU, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha «desmantelado gradualmente todos los derechos civiles y políticos» de los nicaragüenses.
«Desde que comenzaron las protestas en Nicaragua el 18 de abril, Ortega y su esposa han desmantelado gradualmente todos los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, entre junio y diciembre de 2018, el régimen de Ortega invalidó el estatus legal de nueve organizaciones de la sociedad civil, incluido el IEEPP, un centro de estudios que en ese momento estaba bajo mi dirección. Hasta ahora, 3144 organizaciones sin fines de lucro, incluidas organizaciones de derechos humanos, grupos de caridad e instituciones educativas, también han sido declaradas ilegales», señaló Maradiaga.
«Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, han sido obligados a abandonar el país», resaltó el ahora excarcelado político, quien fue desterrado de su país y despojado de su nacionalidad nicaragüense.
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Agregó que «hoy en día, prácticamente toda la oposición, así como todos los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos, se han visto obligados a operar desde el extranjero».
Durante el encuentro con las delegaciones europeas, Félix Maradiaga también recordó el destierro que vivió él junto a 221 presos políticos más, quienes fueron enviados en un avión hacia Estados Unidos el pasado nueve de febrero. Además, denunció el despojó arbitrario de la nacionalidad nicaragüense a otras 94 personas, «incluida mi esposa Berta Valle».
«Mi esposa, junto con Victoria, esposa de Juan Sebastián, fue una defensora incansable de la liberación de todos los prisioneros políticos», destacó.
Asimismo, el opositor señaló que a pesar de la disposición de Estados Unidos «de acoger a las familias de aquellos que fueron expulsados de manera abrupta, el régimen de Ortega no está permitiendo que muchos de los familiares obtengan pasaportes, convirtiéndolos efectivamente en posibles rehenes».
Subrayó que aún hay 37 presos políticos encerrados en las cárceles de tortura del régimen, incluido «monseñor Rolando Álvarez, un querido amigo mío y obispo de mi propia diócesis (…). La detención arbitraria de Monseñor Álvarez es un ejemplo más de la persecución religiosa en Nicaragua».
«Otros actos represivos contra la Iglesia católica en Nicaragua han sido la expulsión del Nuncio, la detención de más de 12 miembros de la iglesia, incluyendo siete sacerdotes. (…) además, la Policía Nacional ha prohibido a los feligreses recibir la Eucaristía dentro del templo y no permite las celebraciones religiosas públicas. Ayer, el régimen rompió las relaciones diplomáticas con el Vaticano», detalló.
En la reunión con las delegaciones europeas, también participaron los líderes opositores y declarados apátridas por el régimen Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, así como las excarceladas políticas Yaritza Mairena y Solange Centeno, quienes denunciaron el sinnúmero de violaciones a derechos humanos que ha perpetrado la dictadura orteguista contra el pueblo de Nicaragua.
La delegación nicaraguense permanecerá hasta el 18 de marzo en Ginebra, Suiza; con el objetivo de reunirse con «organismos de derechos humanos y misiones oficiales» para «abogar por la extensión del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, impulsar nuevas medidas diplomáticas contra el régimen de Ortega y presiones para la liberación de los 37 presos políticos» que languidecen en las cárceles de la dictadura.