La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) calificó de «zarpazo totalitario contra sector privado» el reciente despojo de la personalidad jurídica al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y a 18 de sus cámaras.
Asimismo dijo condenar la ilegalización de la patronal, señalando que esta acción arbitraria se suma a lo que la dictadura de Nicaragua ha hecho con más de tres mi organizaciones de la sociedad civil.
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Afirmó que con esta medida, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está golpeando al sector de productores, de la industria y de las finanzas en Nicaragua.
«Con estas acciones la dictadura viola una vez más, el derecho a la libre organización y profundiza la crisis que vive Nicaragua con todas las consecuencias económicas y sociales que ello conlleva», agregó el bloque opositor.
Por su parte, el abogado e integrante del consejo político de la Unab Juan Diego Barberena dijo a Artículo 66 esta es una acción más del Gobierno orteguista «en medio del aislamiento internacional que están viviendo y que se ha aumentado en virtud de la solidaridad internacional al raíz del despojo arbitrario de la nacionalidad a 316 nicaragüenses».
«Esta es una medida de desesperación, pero también de demostrar fortaleza y da un paso a la radicalización de su modelo de un estado totalitario, eliminando así la gremialidad empresarial y de organización de los empresarios», remarcó el jurista.
«Venganza contra el Cosep»
Barberena también señaló como una venganza la acción del régimen de Nicaragua contra el Cosep tras «el rol que pretendió jugar el empresariado privado en el año 2018», en el contexto de las protestas sociales.
También consideró que esta arremetida «es un reflejo mismo de que la dictadura nunca pudo recomponer su alianza con el gran capital a efecto de generar estabilidad y legitimidad».
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En cuanto a las repercusiones que conlleva la ilegalización del Cosep, el experto explicó que Nicaragua se va a empobrecer más «porque mucha gente irá al desempleo y la Hacienda pública dejará de percibir gran cantidad de recursos por parte de las cámaras empresariales».
«Quien es el responsable de los grandes problemas de los nicaragüenses, siendo el principal problema económico social Daniel Ortega y Rosario Murillo y en virtud que estas dos personas no pueden resolver las necesidades al pueblo, los nicaragüenses debemos sumar esfuerzos para resolver ese problema, y la clave es que ellos salgan del poder y que el país pueda reencausarse a una transición hacia la democracia», aseveró Barberena.
Insistió en que los dictadores de Nicaragua «están cada día generando actos que afectan a los nicaragüenses y a los sectores más desposeídos y desnutridos de la sociedad».
La revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura del «maridazgo» entre la empresa privada nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el régimen acordaron aplicar en el país un modelo corporativista que les funcionó a su favor durante 11 años.
Las consecuencias contra el sector empresarial han sido nefastas, Ortega encarceló por más de 15 meses a los principales exdirigentes gremiales: José Adán Aguerri, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas; expresidente, presidente y vicepresidente de la organización respectivamente.