Empresarios de Centroamérica advierten que ilegalización del Cosep «amenaza el crecimiento económico de Nicaragua»

El gremio empresarial de Guatemala y Costa Rica manifestó su rechazo al «arbitrario» despojo de la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de la ilegalización de las cámaras empresariales de la patronal nicaragüense.

Los empresarios guatemaltecos aseguraron que la arremetida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el Cosep «atenta contra los derechos de asociación y libertad, y supone una seria amenaza a la democracia y principios fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses».

«Enviamos nuestra solidaridad a los gremios empresariales que se han visto afectados, así como a todos los habitantes del vecino país», indicó en un comunicado el sector empresarial de Guatemala.

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Además, demandó a la administración orteguista «detener las medidas represivas que amenazan el crecimiento económico y la estabilidad».

Por su parte, el sector empresarial costarricense sostuvo que «seguirá reconociendo y apoyando a todas las Cámaras Empresariales del Sector Privado de Nicaragua».

Agregó que «estaremos ofreciéndoles «puertas abiertas» de esta Federación de Cámaras de Costa Rica (FEDECAMARAS) para lo que consideren necesario».

Este seis de marzo de 2023, el régimen le dio la «estocada final» a la inexistente relación que mantenía con el Cosep que se vio fracturada hace cinco años. En un hecho sin precedentes, el Ministerio de Gobernación (Migob) arrebató la personalidad jurídica a la patronal y a sus 18 cámaras, apenas un mes atrás también aniquiló la Asociación de Bancos, otra de las gremiales del empresariado.

La administración orteguista señala a las entidades ligadas al gremio empresarial privado de Nicaragua de «no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos». Sin embargo, antes de abril de 2018 el régimen defendió la alianza que sostuvo con la empresa privada.

Esa «alianza» con el régimen les permitía nominar a empresarios a cargos públicos, la creación de leyes a su favor, la exoneración y exención de impuestos, entre otros muchos beneficios que aprovecharon por más de una década.

Este modelo que bautizaron de «diálogo y consenso» acabó tras el inicio de las protestas. El Cosep decidió romper su «alianza» con la dictadura y adoptar una posición acorde a la nueva realidad que vivía el país.