El politólogo, exaspirante presidencial y exreo político, Félix Maradiaga, calificó como un paso acelerado hacia «la cubanización emprendido por el orteguismo» el reciente despojo de la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y 18 de sus cámaras.
Maradiaga señaló que «al igual que otras medidas ilegales y tiránicas, esta nueva estocada a las libertades públicas es un golpe a la economía y el bienestar de todos los nicaragüenses, sin excepción», afirmando que el derecho de asociación «es un derecho humano».
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«La libertad de asolación es la que permite la coordinación entre las distintas cámaras para que puedan trabajar conjuntamente en la atracción de empleo, en la inversiones públicas y privadas, y puedan promover el libre comercio». apuntó.
Remarcó que en el caso de las cámaras y gremios organizados, la asociatividad empresarial es fundamental para el desarrollo económico y social.
«La asociatividad empresarial es clave para acordar acciones que generen empleo y que atraigan inversiones, por esa razón, el cierre del Cosep no solo es un golpe a la iniciativa privada, sino también un golpe al pueblo trabajador», agregó el politólogo desterrado el nueve de febrero a Estados Unidos.
Para Maradiaga esta medida impuesta por el dictador Daniel Ortega «está aislando aún más a todo el país del libre mercado y lo acerca a las tiranías como Cuba, Venezuela, China e Irán que está completamente atrofiando los derechos fundamentales de sus pueblos, destruyendo así la posibilidad de crear oportunidades de crear empleos».
A su vez enfatizó que ante la nueva y reciente embestida contra el gran capital, «los sectores empresariales de Nicaragua y de toda la región deben pronunciarse sin vacilación».
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La revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura del «maridazgo» entre la empresa privada nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el régimen acordaron aplicar en el país un modelo corporativista que les funcionó a su favor durante 11 años.
Sin embargo, este seis de marzo de 2023, el régimen le dio la «estocada final» a la inexistente relación que mantenía con el Cosep que se vio fracturada hace cinco años. En un hecho sin precedentes, el Ministerio de Gobernación (Migob) arrebató la personalidad jurídica a la patronal y a sus 18 cámaras, apenas un mes atrás también aniquiló la Asociación de Bancos, otra de las gremiales del empresariado.
La administración orteguista señala a las entidades ligadas al gremio empresarial privado de Nicaragua de «no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos». Sin embargo, antes de abril de 2018 el régimen defendió la alianza que sostuvo con la empresa privada.
Cabe señalar que las consecuencias contra el sector empresarial han sido nefastas, Ortega encarceló por más de 15 meses a los principales dirigentes gremiales: José Adán Aguerri, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas; expresidente, presidente y vicepresidente de la organización respectivamente, acusados por presuntos delitos de traición a la Patria.
A esta ola de arrestos también se sumó la captura del banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Grupo Promérica y del Banco de la Producción (Banpro). Al banquero lo señalaron de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros delitos. Todos fueron declarados apátridas y sus bienes fueron confiscados.
