La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se sumó a la lista de organismos internacionales en lamentar y rechazar la cancelación de la nacionalidad nicaragüense a 317 ciudadanos.
«Resulta verdaderamente preocupante que más de 300 personas hayan sido privadas, de manera arbitraria, de la nacionalidad nicaragüense», reprochó ACNUR a través de un comunicado con fecha del 17 de febrero.
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El organismo señaló que las reformas legislativas más recientes en Nicaragua, que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía «contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos».
ACNUR le recordó al gobierno de Nicaragua que el derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos y que (…) «privar a alguien de su nacionalidad nunca se justificará por el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación u otros derechos relacionados con las opiniones políticas de una persona».
Además, indicó que Nicaragua es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, así como de la Convención para Reducir los Casos de Apátridas de 1961. «Por tanto, ACNUR insta al país a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apátrida», manifestó.
Por otra parte, el organismo resaltó que además de su mandato de protección de las personas refugiadas, «ACNUR ha recibido de la Asamblea General de la ONU el mandato de identificar y proteger a las personas apátridas —incluidas las personas apátridas refugiadas— como el de prevenir y reducir los casos de apatridia».
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«En 2014, como parte de la campaña #IBelong para Acabar con la Apatridia, ACNUR publicó un Plan de Acción Mundial, que entre otras cosas insta a los Estados a “prevenir la denegación, pérdida y privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios”», concluyó ACNUR.
El pasado nueve y 15 de febrero, el dictador Daniel Ortega Ortega incluyó en la la lista de apátridas a 222 exreos políticos a quienes desterró a Estados Unidos y posterior despojó de la la nacionalidad a 94 ciudadanos, encabezados por sacerdotes, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, que en su mayoría están exiliados en diferentes países.
Pese a la nueva arremetida del gobierno orteguista, los afectados han afirmado seguir firme en la denuncia por las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, así como la demanda de la salida del régimen Ortega y Murillo.