La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) y el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) realizaron una declaración conjunta donde rechazan el despojo de la nacionalidad a 317 nicaragüenses.
En el pronunciamiento «manifiestan su enérgico rechazo de los últimos acontecimientos: el destierro y despojo de la nacionalidad de 222 nicaragüenses, la condena a 26 años de cárcel del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, la permanencia en la cárcel de 35 presos políticos y el despojo de la nacionalidad, e imposición de la pena de traición a la patria entre otras penas infamantes, de 94 nicaragüenses».
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También expresaron «su solidaridad con las víctimas y familiares de todas estas violaciones de derechos humanos y reiterar que mediante Calidh, a través de su Programa de Asistencia Jurídica a Víctimas -Phillippe Guerin».
Afirmaron que las familias que han sido afectadas por las nuevas disposiciones del régimen de Ortega pueden contar con acompañamiento para buscar nuevas alternativas de justicia «negadas sistemáticamente por el gobierno de Nicaragua y con el respaldo de RIDHE y la Red PRODEPAZ».
Erosión absoluta del Estado de Derecho en Nicaragua
Tanto RIDHE como Calidh remarcaron su «profunda preocupación por la erosión absoluta del Estado de Derecho en Nicaragua, así como el clima de supresión de los derechos humanos».
Resaltaron que Nicaragua se encuentra en total indefensión y «a merced de un sistema que ha centralizado Inconstitucionalmente todas las funciones estatales en el Poder Ejecutivo».
Denunciaron además que los grupos y personas en situación de vulnerabilidad están cada vez más expuestas a la violencia por la ausencia de un Estado garante de sus derechos.
En cuanto a los 222 exreos políticos desterrados, el encarcelamiento y despojo de nacionalidad a monseñor Álvarez y a los 94 son nicaragüenses, la organizaciones afirmaron que las acciones por parte del Estado de Nicaragua son ilegales «porque cada uno de ellos tienen en su estado natural a la nacionalidad como derecho inherente que no puede ser arrebatado por leyes arbitrarias ni siquiera por una reforma constitucional».
Por otra parte, instaron a la comunidad internacional a continuar observando de cerca la situación en Nicaragua y reconozcan la nacionalidad de todos los despojados de su derecho, declarando que Nicaragua se ha extralimitado y ha distorsionado los conceptos de soberanía, autodeterminación e independencia sobre los que este suficiente consenso en la comunidad internacional.
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En la lista de apátridas, la dictadura de Daniel Ortega incluyó el nueve de febrero a 222 exreos políticos a quienes desterró a Estados Unidos, luego, el 15 de mismo mes despojó de la la nacionalidad a 94 ciudadanos, encabezado por sacerdotes, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos.
Fuentes han revelado que las lista de ciudadanos a quienes Ortega les quitará la nacionalidad podría aumentar, lo que sería otra ola represiva en contra de los nicaragüenses.