El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, reo de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el comunicado de la organización, el régimen nicaragüense ha violado 10 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso de alto jerarca de la Iglesia católica nicaragüense.
Ortega y Murillo han violado los artículos 5, 7, 8, 9, 12, 13, 20, 22, 23 y 25 del instrumento jurídico continental que establecen la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, libertad de conciencia y religión, derecho de nacionalidad, derecho a la circulación y residencia, derechos políticos, protección judicial, libertad de pensamiento y expresión.
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Calidh señala en la denuncia contra el Estado de Nicaragua que al encarcelar al obispo Álvarez se ejerce un patrón de censura, castigo y venganza por su voz activa contra las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril. Además, expresó su preocupación por la «aplicación desproporcionadas, severas e inexistentes como las impuestas al prelado».
Calidh explica a la CIDH que el obispo ha sufrido un «deterioro acelerado de la salud física y psicológica» y que está sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Monseñor Álvarez se negó el nueve de febrero a ser desterrado de Nicaragua. El 10 de febrero fue sometido a un juicio sumario exprés donde lo declararon culpable por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas y obstrucción de funciones. Por esos delitos fue condenado a 26 años de cárcel y el despojo de su nacionalidad nicaragüense.