Un día después de que el dictador Daniel Ortega atacara públicamente al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, por haberse opuesto a ser desterrado de Nicaragua hacia Estados Unidos, el régimen lo condenó a 26 años de cárcel.
En cadena nacional, la noche del jueves, Ortega se deshizo en insultos contra el primer obispo nicaragüense encarcelado por la dictadura sandinista y acusado de delitos de traición a la patria; e informó que el obispo fue enviado al Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
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El juicio político contra monseñor Rolando Álvarez Lagos estaba programado para el próximo miércoles 15 de febrero, sin embargo, medios oficialistas publicaron que el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh, leyó la sentencia que lo condena a 26 años y 4 meses de cárcel.
La justicia de Ortega lo señala de ser supuesto «traidor de la patria» y lo despojó de sus derechos ciudadanos de por vida y su nacionalidad nicaragüense.
El experto en administración de Justicia y extrabajador del Poder Judicial Yader Morazán explicó que la jueza Nadia Tardencilla, — quien llevaba el caso de monseñor— no tiene facultades para arrebatarle la nacionalidad al religioso; solo puede imponer sanciones que establecen el Código Penal.
Además, recordó que la reforma constitucional, que le arrebata la nacionalidad a líderes gremiales y opositores, tampoco ha entrado en vigencia, y de hacerlo, regirá para el futuro y no para hechos del pasado.
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Para Morazán, el régimen hace sospechar que «la arbitrariedad busca un sustento legal para expulsarlo del país a la fuerza».
Excarcelados políticos del régimen de Nicaragua que fueron expulsados hacia Estados Unidos el jueves, nueve de febrero, «pensaban que la intención de Daniel Ortega era desaparecerlos».
Relatan que fueron sacados de las celdas en horas de la noche del miércoles, esposados, sin saber hacia dónde iban. Algunos hasta especularon que el dictador los enviaría a Rusia para servir en la guerra contra Ucrania. El exreo Nilson José Membreño, originario de Chinandega, quien estuvo más de cuatro años en prisión acusado de supuesto terrorismo y, ahora, es uno de los 222 opositores excarcelados, nos relata cómo fueron esas horas.
Una vez, dentro del avión, les informaron que eran «libres». En ese momento, los exreos políticos cantaron el Himno Nacional entre lágrimas.
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Para algunos, hablar de las «torturas» en la cárcel conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua aún no es posible por consejo de sus abogados. Pero, la exguerrillera sandinista Dora María Téllez afirma que sintió «una cosa impresionante» al salir de la celda y reencontrarse con la también exrea política Ana Margarita Vijil, con «el temor de despertar en la mañana y que fuera un sueño», aunque aclara que fue un «profundo desgarramiento» el salir de Nicaragua de forma forzosa.
Los excarcelados políticos, — desterrados y sin derecho a la nacionalidad nicaragüense por órdenes del régimen—, fueron beneficiados con el parole humanitario de Estados Unidos. Esto les permite permanecer y trabajar en el país hasta por dos años.
También el Gobierno de Pedro Sánchez les ofreció la nacionalidad española. El canciller José Manuel Albares dijo al medio de comunicación Servimedia que el trámite será «inmediato, van a entrar en contacto con ellos para evitar que queden apátridas y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo».
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Este viernes, el régimen de Nicaragua publicó en el diario oficial, La Gaceta, la reforma a la Constitución con la que despojaría la nacionalidad nicaragüense a los desterrados, y la Ley Especial que regula la pérdida de la misma.
Aunque los diputados se mostraron apresurados, el artículo reformado, el 21, debe ser aprobado en una segunda legislatura para que entre en vigor, es decir, el próximo año. Asimismo, a pesar del discurso de Ortega de intentar despojarlos de su nacionalidad, los exreos políticos informaron que el régimen les emitió un pasaporte nicaragüense vigente hasta el año 2033.
El mandatario Daniel Ortega pidió públicamente una reforma constitucional para nombrar «copresidenta» a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, quien fue sancionada por Estados Unidos a finales de 2018 por las múltiples violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
A inicios de este año, Daniel Ortega llamó a Rosario Murillo «Copresidenta», después que la noche del 31 de diciembre, sostuvieron una discusión en público que tuvo como consecuencia que Murillo, abandonara el evento oficial.
Políticos opositores afirman que Ortega busca como «congraciarse» con su esposa, después de la discusión.