El Gobierno de Pedro Sánchez ofreció la nacionalidad española a los presos políticos que fueron despojados este nueve de febrero de su nacionalidad nicaragüense por decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una entrevista ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, al medio de comunicación Servimedia informó que «el Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados, ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas».
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En cuanto al trámite, Albares refirió que será «inmediato, vamos a entrar en contacto con ellos. El ofrecimiento está ya, por decirlo de alguna forma, en vigor, el trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo».

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que la dictadura cometió «atrocidades jurídicas» al desterrar a las 222 personas presas políticas a Estados Unidos, además de arrebatarles la nacionalidad nicaragüense a través de una reforma a la Constitución Política de la República.
Según el organismo defensor de derechos humanos, las personas presas políticas «son inocentes, fueron encarceladas y condenadas a través de juicios que carecieron de legalidad al violentar el debido proceso, tanto las normativas internas como el código procesal penal y la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías internacionales en materia de derecho humanos».
Según la justicia orteguista los 222 presos políticos fueron desterrados por ser considerados «traidores de la patria», para justificar su decisión reformaron el artículo 21 de la Constitución Política de la República, a través del Poder Legislativo, y ordenaron al Poder Judicial emitir una orden de «deportación» por violar la Ley 1055, Ley de Soberanía.
Los presos políticos desterrados representan más del 80 % de los detenidos por el régimen. Fueron trasladados desde los distintos penales de Nicaragua y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua hacia el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para abordar un vuelo con destino a Washington donde arribaron ayer.