Nicaragua despertó este nueve de febrero de 2023 con la noticia que 222 personas presas políticas salían de las cárceles del país, muchas de ellas, encerradas hace más de tres años y sufriendo torturas.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los enviaba por aire hacia Estados Unidos. Argumentaba que los deportaba, violando las leyes nacionales, por «traidores a la patria».
El magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, fue el encargado de confirmar la noticia. El régimen de Ortega decidió «desterrar» a líderes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes.
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Seguido, los diputados ante la Asamblea Nacional los declaraban «apátridas»: Primero, aprobaron reformar el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para establecer que las personas consideradas «traidoras a la patria» pierden la calidad de nacional nicaragüense; y, después, aprobaron la llamada Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacional Nicaragüense para incorporar el cambio a la Carta Magna.
El apuro fue tal que dicha norma entró en vigor de manera inmediata.
Los 222 excarcelados fueron enviados directo a Washington. Estados Unidos facilitó el traslado seguro de los exreos políticos al Aeropuerto Internacional Dulles y les brindó atención médica y legal al arribar al país.
Los nicaragüenses fueron trasladados a un hotel con la opción de quedarse ahí o marcharse con sus familiares y amigos.
Entre los liberados están los rivales presidenciales de Daniel Ortega, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Miguel Mora.
También fueron liberados los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, los líderes campesinos Freddy Navas y Pedro Mena; los exdirectivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, el banquero Luis Rivas Anduray; las líderes del movimiento Unamos, entre ellas, la galardonada exguerrillera sandinista Dora María Téllez; el joven autoconvocado Sergio Beteta, conocido por quemar la bandera rojinegra en el año 2020 en protesta para exigir la libertad de los presos políticos.
El régimen también expulsó a los tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico de la Diócesis de Matagalpa; así como el padre Óscar Benavidez, párroco de Mulukukú, de la diócesis de Siuna, y el padre Enrique Martínez Gamboa, párroco en Managua.
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Asimismo, en la lista incluyó a sus fieles: Roberto Larios, quien era el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, y Humberto Alejandro Pérez Largaespada, exalcalde sandinista de Jalapa, Nueva Segovia.
A Estados Unidos también fue enviado el sandinista histórico Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como «El Chino Enoc», a quien el régimen le imputo los delitos de tráfico ilegal de droga y tenencia ilegal de armas después que el exparamilitar confeso se reveló contra Rosario Murillo.
Con la bandera de Nicaragua en mano y muy emocionada por la noticia, la hija de la exrea política y defensora de derechos humanos Evelyn Pinto llegó al aeropuerto de manera inmediata.
Luego de alojarse, Juan Sebastián Chamorro salió a las calles a saludar a los nicaragüenses y medios de comunicación que aguardaban en las afueras del hotel. El exaspirante presidencial sostuvo que nunca dejará de ser nicaragüense:
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la expulsión de los líderes opositores y gremiales fue «una decisión unilateral del Gobierno nicaragüense».
El portavoz, Ned Price, apuntó que las autoridades estadounidenses solo se aseguraron que cada uno de los exreos políticos «deseaba viajar a Estados Unidos».
Para la administración de Joe Biden, la decisión de los Ortega-Murillo «es un paso positivo y constructivo, pero no panacea a las preocupaciones que tienen sobre Nicaragua». Price recalcó que las sanciones al régimen siguen vigentes.
La vocera del régimen, Rosario Murillo, también sostuvo que se trató de una «decisión soberana». Mientras tanto, Daniel Ortega se preparaba para dar un discurso a la nación, y principalmente, a sus bases:
Sin embargo, la situación causó muchas dudas. Para el analista político Enrique Sáenz, la liberación del grupo de presos políticos demuestra que «la dictadura está golpeada».
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales celebraron la libertad de las 222 personas excarceladas políticas, pero denunciaron que en una «flagrante violación» les recetó destierro.
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Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo, por su parte, que «la libertad de estos presos políticos es demostración de que la presión internacional es imprescindible con la dictadura», pero sostuvo que «los crímenes cometidos contra estas personas no deben quedar impunes».
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y políticas dejaron en claro que aún hay 38 personas encarceladas injustamente en el país que deben ser liberadas a lo inmediato.
Entre ellas los presos políticos involucrados en la «masacre del 19 de julio de 2014», Martha Candelaria Rivas Hernández, la única presa política, el abogado Manuel Urbina Lara, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, el sacerdote Manuel García y monseñor Leonardo Urbina.
Durante su discurso, Ortega se mostró inconforme con que monseñor Rolando Álvarez haya decidido quedarse en el país, aunque eso le costara la cárcel:
Mientras tanto, fuentes de la Iglesia católica afirmaron bajo anonimato a medios internacionales que el obispo Álvarez se negó a abordar el avión y ser desterrado. Las palabras de monseñor Rolando Álvarez fueron «que sean libres, yo pago la condena de ellos».