De inconstitucional y arbitraria, así califican defensores de derechos humanos la expulsión de Nicaragua de 222 presos políticos, los que fueron trasladados la mañana de este jueves, nueve de febrero, hacia Washington, Estados Unidos.
La noticia del destierro de los opositores fue confirmada a través de un comunicado del Complejo Judicial de Managua, quien en su reporte acusó a los rehenes de Ortega de traidores y vendepatria.
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Fuentes en condición de anonimato informaron a Artículo 66 que la noche del miércoles todos los reos políticos fueron sacados de los diferentes sistemas penitenciarios y cárceles del países, así como los opositores que estaban bajo arresto domiciliario fueron llevados a otros lugar, sin embargo fue hasta este día que se conoció la decisión del dictador Daniel Ortega de desterrarlos del país.
Para la abogada defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez, esta medida es anticonstitucional, ilegal y arbitraria, porque afirma que esto se puede considerar un destierro. «El destierro no está legislado en Nicaragua, sin embargo el gobierno lo ha estado realizando, como el destierro que sufrieron artistas nicaragüenses», recordó.
Sin embargo, señaló que en virtud que los rehenes políticos estaban siendo torturados en las diferentes cárceles del país esta salida es una alternativa para resguardar sus vidas. «Esto es mucho mejor que estar en una cárcel siendo torturado, pero es una medida ilegal».
En cuanto a una posible demanda a futuro contra el régimen de Ortega por desterrar a opositores, la abogada indicó que se puede realizar porque «el destierro es una medida en contra de los derechos humanos de todo ciudadano».
Crimen de lesa humanidad
Por su parte, el abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua, tildó la deportación de los rehenes de conciencia como un crimen de lesa humanidad.
«La “deportación o traslado forzado de población”, ya sea por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que una persona esté legítimamente presente (nacionales), sin motivos reales autorizados por el derecho internacional (art. 7.1 inciso “d” y art. 7.2 inciso “d”)», explicó el jurista a través de su cuenta de Twitter.
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En entrevista con este medio de comunicación, Morazán detalló que esta acción «ni siquiera goza de apariencia de legalidad, porque el régimen tiene a todo el sistema de justicia y a las instituciones del Estado para poder hacer cualquier invento que se le ocurra aparentando algo mínimo de la legalidad».
«Esto sale de cualquier lógica jurídica o de entendimiento y esto es un crimen más de los Ortega Murillo en contra de la población, porque comete un delito de deportación forzosa a personas que están legítimamente en el país», recalcó.
Además dijo que tanto Ortega como todo su aparato estatal tendrán que responder por este y todos los delitos en contra de los opositores y el pueblo nicaragüense.
Otra abogada refirió en condición de anonimato que el deportar a ciudadanos nacionales está prohibido en la Constitucional Política de Nicaragua. «Esto es anticonstitucional porque le están privando de su derecho», sostuvo.
La dictadura de Nicaragua sumaba más de 230 presos políticos, en su mayoría acusados por delitos comunes o por supuesta traición a la patria. Sus familiares denunciaron en reiteradas ocasiones las torturas de que fueron víctimas en los diferentes penales del país.
