La organización en defensa de las comunidades indígenas Prilaka Community Foundation denuncia que una comisión de delegados del régimen de Daniel Ortega acordó a puertas cerradas realizar pactos «ilícitos» con colonos, mismos que perjudican a los comunitarios de la Costa Caribe Norte.
Mediante una denuncia pública, la asociación informó que el pasado seis de febrero, «una comisión integrada por simpatizantes del partido de gobierno y líderes impuestos originarios de la comunidad Esperanza río Wawa, en el territorio Wangki Twi Tasba Raya, quienes en reiteradas ocasiones han venido promoviendo arriendos de tierras comunales, en una reunión privada sin consentimiento de la comunidad acordaron realizar acuerdos con colonos».
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«Se sabe que los promotores de arriendo convocaron a los colonos para el día 8 de febrero, con el fin de negociar el derecho de posesión bajo la modalidad de arriendo dentro de una extensa área de tierra de 1,934.8 hectáreas por el monto de 400,000 córdobas», refiere Prilaka.
Las tierras en negociación le pertenecen a la familia Muller, quienes son originarios de la comunidad caribeña que ha sido invadida por colonos desde hace varios años de forma violenta. Señalan que «a pesar de que miembros de la familia Muller han denunciado tal situación, no ha progresado».
«Desde las comunidades indígenas, reiteramos el llamado a las autoridades correspondientes a atender las múltiples demandas de la población indígena por la violación a sus derechos individuales, en especial el derecho a la propiedad colectiva, ocasionadas por las violentas invasiones de colonos en sus territorios, así como la judicialización de promotores de las invasiones de territorios indígenas», finaliza el escrito del movimiento social.
Recientemente un grupo de defensores de derechos humanos denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que en Nicaragua cerca del 80 % de las comunidades están en manos de colonos y que la población indígena ya no tiene acceso a sus propias tierras por estas invasiones. Dicho problema evita que los comunitarios no puedan cultivar ningún producto afectando así la seguridad alimentaria. También resaltó el desplazamiento forzado al que son sometidos.
Erick Acuña, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó la ausencia de Nicaragua en todo el proceso por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas del país centroamericano. Indicó que desde 2013 el Estado se negó a reconocer las autoridades de los pueblos Rama y Kriol y promovió gobiernos paralelos al reconocerlos sin haber sido electos según su forma tradicional.
«La CIDH identificó que el Estado incumplió su deber de saneamiento. A la fecha existen grupos de colonos dentro de sus territorios ya titulados. Sobre la población Negra Creole de Bluefields, el Estado incumplió su deber de titular sus territorios tradicionales, a la fecha solo se ha titulado una fracción mínima de sus tierras reivindicadas», dijo Acuña.
