Los pueblos Rama y Kriol y la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) al régimen de Nicaragua por la falta de consultas sobre la Ley 800, Ley creadora de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y la Ley 840 que otorgó la concesión para la construcción de la megaobra sobre tierras de indígenas y afrodescendientes.
El Canal Interoceánico, que solo quedó en papeles, otorgaría el arriendo perpetuo sobre 263 kilómetros en el corazón de su territorio ancestral. Dichas leyes aprobadas por el régimen Ortega-Murillo afectó el proceso de demarcación territorial en las comunidades indígenas, paralizando el proceso de saneamiento en el Caribe nicaragüense.
En la audiencia pública de la Corte-IDH declararon tres víctimas de dichas comunidades quienes afirmaron que la concesión canalera es violatoria al proceso de demarcación y a la Ley de Autonomía. Señalaron que las tierras comunales son «inembargables, inmanejable e insprescriptible».
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El caso contra Nicaragua versa sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado a la autodeterminación de los pueblos al imponer autoridades paralelas a las legítimamente electas por estas comunidades, entre otros temas.
Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte-IDH, le recordó a los testigos que los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos y sus familiares a causa de sus declaraciones o su defensa legal ante ese organismo.
Saneamiento «estancado»
Otra de las testigos fue la psicóloga Dolene Miller Bacon, asesora del gobierno comunal Creole de Bluefields. En su intervención denunció que ha sido víctima de persecución y amenazas por su defensa de los derechos humanos y solicitó que se derogue la Ley 840. Además, que se continúe el proceso de demarcación y que se respete la integridad física de todos los miembros de las comunidades afrodescendientes.
Beky Urbina, miembro del pueblo Rama y Kriol, manifestó que el proceso de saneamiento, el quinto paso en el proceso de titulación de las tierras indígenas, está «estancado y engavetado» porque no existe voluntad de parte del Estado de Nicaragua en la ejecución de dicho proceso.
Urbina explicó que el saneamiento está paralizado porque existe un interés de parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ejecutar la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y por políticas partidarias de parte del régimen.
La invasión de colonos
La declarante denunció que cerca del 80 % de las comunidades están en manos de colonos y que la población indígena ya no tiene acceso a sus propias tierras por estas invasiones. Dicho problema evita que los comunitarios no puedan cultivar ningún producto afectando así la seguridad alimentaria. También resaltó el desplazamiento forzado al que son sometidos.
El perito propuesto por la CIDH, Daniel López, director del Programa de Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso, afirmó que la Ley 840 es «incompatible» con la misma Constitución Política de Nicaragua porque la Carta Magna es muy superior, en el promedio latinoamericano, en cuanto al reconocimiento de la autonomía y el autogobierno.
Ley «incompatible» con la Constitución
Erick Acuña, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó la ausencia de Nicaragua en todo el proceso por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas del país centroamericano. Indicó que desde 2013 el Estado se negó a reconocer las autoridades de los pueblos Rama y Kriol y promovió gobiernos paralelos al reconocerlos sin haber sido electos según su forma tradicional.
«La CIDH identificó que el Estado incumplió su deber de saneamiento. A la fecha existen grupos de colonos dentro de sus territorios ya titulados. Sobre la población Negra Creole de Bluefields, el Estado incumplió su deber de titular sus territorios tradicionales, a la fecha solo se ha titulado una fracción mínima de sus tierras reivindicadas», dijo Acuña.
Agregó que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a la construcción del proyecto del Gran Canal Interoceánico. «El Estado no cumplió con los estándares interamericanos de la materia», adujo.
Ruper Allen Clair Duncan, vocal del gobierno comunal de Monkey Point y tesorero del gobierno territorial Rama Kriol, sostuvo que las comunidades no fueron consultadas en ningún momento por las autoridades municipales y nacionales, por eso considera que el Convenio con la Autoridad del Gran Canal no tiene validez si no cuenta con el aval de los asambleístas de las nueve comunidades indígenas y afrodescendientes.
Las víctimas son representadas ante la Corte-IDH por Alejandra Núñez y María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El régimen de Nicaragua no acreditó a ningún representante en este caso, como ha pasado en otras ocasiones. Tampoco ha respondido las comunicaciones del organismo continental. El caso se ventiló en el 155° periodo ordinario de sesiones del máximo tribunal interamericano.