El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) rechazó la condena a 10 años de prisión contra el padre Óscar Benavidez, párroco de Mulukukú, de la Diócesis de Siuna.
El religioso fue declarado culpable el 16 de enero por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
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«CALIDH continúa observando de cerca con preocupación el patrón de persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua, contexto en el que se están sometiendo a juicios arbitrarios a religiosos y laicos (…) », señaló la organización.
Asimismo, rechazó el fallo de culpabilidad del padre Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, al diácono Raúl Vega González, a los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo Sergio Cárdenas, los que acompañaron por 16 días en la Curia Episcopal de Matagalpa a monseñor Rolando Álvarez, nuevo reo político de Ortega.
Tras la arremetida contra los religiosos, el centro refirió que todos los procesos, declaratorias de culpabilidad y condenas «son absolutamente
nulos porque se producen en el marco de la inobservancia de las garantías del debido proceso inherentes a todo ser humano».
«Han sido irrespetadas las garantías, como las de oír y ser oído, el derecho a un proceso justo y un juez imparcial, una defensa adecuada, la presentación de pruebas, entre otras», denunció Calidh.
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Además, enfatizó que las leyes utilizadas por la justicia orteguista para condenar a los religiosos «rompen el principio de presunción de inocencia porque fueron especialmente adoptadas para censurar, castigar y vengarse de personas específicas, como las voces opositoras respecto del gobierno de Nicaragua».
«El Centro reitera que la persecución de grupos o colectividades religiosas están prohibidas por el Derecho Internacional. La condena del padre Benavidez y la declaratoria de culpabilidad de otros religiosos y laicos evidencian esta persecución perpetrada por el Estado de Nicaragua. La
imposición de penas como formas de venganza por opiniones es inaceptable», recalcó el organismo.
Venganza de Ortega contra sacerdotes
Para Calidh es «preocupante el abierto desprecio» del Estado de Nicaragua por la dignidad y el respeto a los derechos humanos básicos, «incluidas las garantías del debido proceso, de cada sacerdote o laico sometido a un juicio arbitrario.
«Todo esto confirma una vez más que la finalidad es ejecutar una venganza que atropella los derechos. En la venganza no hay justicia y por tanto, los derechos de los procesados son inobservados como parte de la reprimenda gubernamental», afirmó.
El organismo subrayó que pese a las arbitrariedades contra la Iglesia católica de Nicaragua, «ni las leyes, ni las sentencias, ni las condenas están por encima de los derechos. Los derechos humanos de los perseguidos, procesados y condenados están por encima de la ley y de cualquier actuación estatal arbitraria».
La arremetida contra el padre Óscar Benavidez
El sacerdote Óscar Benavidez fue capturado por la Policía del régimen el 14 de agosto de 2022, la aprehensión fue informada por la Diócesis de Siuna en sus redes sociales. En ese momento la Diócesis afirmó que la «única misión» del sacerdote «es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es palabra de vida y salvación para todos».
El religioso es originario de San Isidro, Matagalpa, tenía un poco más de tres meses al frente de la parroquia Espíritu Santo, en Mulukukú. Sus feligreses han expresado que es una persona muy querida en el pueblo. El pasado 12 de diciembre de 2022 el padre Óscar Benavidez cumplió 50 años y el primero en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro en Tipitapa.
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Para culparlo por el delito de ciberdelitos, el oficialismo presentó un artículo de un medio de comunicación enviado al WhatsApp del párroco, que hacía referencia a las sanciones impuestas por gobiernos democráticos a funcionarios del gobierno Ortega-Murillo.
La dictadura de Nicaragua se ha ensañado contra la Iglesia católica. A los sacerdotes y obispos los ha tildado de «diabólicos» y «traidores». Poco a poco, Ortega ha ido engrosando la lista de sacerdotes presos, sumando 14 religiosos que son parte de procesos judiciales en su contra.