La justicia de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, declaró culpable este lunes al sacerdote Óscar Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo, de Mulukukú, de la Diócesis de Siuna, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Medios nacionales informaron que durante el juicio, el Ministerio Público solicitó a la jueza Nancy Aguirre Gudiel, titular del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, una condena de ocho años de prisión en contra el religioso: cinco por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y tres por propagación de noticias falsas.
Según la Fiscalía, la sociedad y el Estado de Nicaragua figuran como las “víctimas/ofendidos” del sacerdote de 49 años.
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El padre Benavidez, originario del municipio de San Isidro, Matagalpa, fue detenido arbitrariamente por los agentes oficiales en horas de la tarde del pasado 14 de agosto de 2022, luego que el religioso terminó de celebrar misa en la capilla concepción de María. Aunque en un inicio fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote, en octubre fue trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como La Modelo.
La acusación formal contra el religioso fue presentada el 8 de septiembre, 20 días después de su detención arbitraria. Un mes después la jueza sandisnira Gloria Saavedra lo remitió a juicio oral y público.
Las supuestas pruebas
Una fuente vinculada al caso informó al medio Despacho 505 que, durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó como testigos a tres ciudadanos de Mulukukú para atestiguar en contra del religioso, pero ninguno brindó información relevante que comprometiera a Benavidez.
Como “pruebas”, la justicia se valió de 50 imágenes extraídas del celular del sacerdote, que incluían memes en contra del gobierno. En su móvil ni siquiera encontraron algún contacto que fuese de interés para la investigación.
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Para culparlo por el delito de ciberdelitos, el oficialismo presentó un artículo de un medio de comunicación enviado al WhatsApp del párroco, que hacía referencia a las sanciones impuestas por gobiernos democráticos a funcionarios del gobierno Ortega-Murillo.
La dictadura de Nicaragua se ha ensañado contra la Iglesia católica. A los sacerdotes y obispos los ha tildado de «diabólicos» y «traidores». Poco a poco, Ortega ha ido engrosando la lista de sacerdotes presos, sumando 15 religiosos que son parte de procesos judiciales en su contra y dos ya fueron condenados.
Entre los 15 presos políticos de la Iglesia católica están el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, sacerdotes, periodistas, laicos y seminaristas.