El régimen de Nicaragua programó el juicio contra monseñor Rolando Álvarez para el próximo 28 de marzo, indican medios nacionales. El proceso político estará a cargo de la jueza Segundo Distrito de lo Penal de Managua, Nadia Tardencilla, quien está sancionada por Estados Unidos por celebrar juicios falsos contra líderes opositores.
Según expertos en materia del derecho, el juicio contra monseñor Rolando Álvarez, está plagado de irregularidades, «es espurio» desde sus inicios. Para intentar inculpar al líder religioso, el régimen usará a más de 10 supuestos testigos.
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En las comunidades matagalpinas ha sorprendido que exseminaristas de la Diócesis de Matagalpa hayan aceptado ser parte de este proceso contra el obispo de esa ciudad. El juicio, según información extraoficial, estaría dando inicio unos siete meses después de su «secuestro».
El preso político y exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro «está fuerte de espíritu», informaron fuentes anónimas a Artículo 66, tras la visita familiar autorizada el 30 y 31 de enero pasado.
Las fuentes denunciaron que «está menos delgado y tiene mejor color (de piel), aparentemente no tiene enfermedades, aunque tampoco lo ha visto ningún doctor».
Su esposa, Victoria Cárdenas, también perseguida política del régimen de Nicaragua, denunció desde el exterior que Chamorro lleva más de 600 días «injustamente encarcelado y condenado por un delito que no cometió».
Organizaciones de derechos humanos y políticas exigen la libertad inmediata e incondicional de los más de 200 presos políticos de Nicaragua.
La empresa Cargill informó a sus clientes que el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua canceló sus registros sanitarios de los alimentos para camarón y les suspendió la autorización para elaborar alimentos para camarón medicados y no medicados en la planta que operan en el país.
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Según la compañía alimenticia, de origen norteamericano, la suspensión de la entidad nicaragüense es «hasta que se ejecute separación total de línea».
Cargill afirmó a sus clientes que durante sus operaciones han cumplido con los estándares de calidad en la compra de sus ingredientes y fabricación de sus productos.
La opositora Karla Vega, originaria del municipio de El Rosario, en el departamento de Carazo, fue llevada a juicio este primero de febrero, por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
En las redes sociales, familiares de la opositora pidieron «oraciones» por la nueva rea política de Ortega.
Karla Vega fue detenida el cinco de noviembre, en la víspera de las votaciones municipales. Según fuentes, oficiales de la Policía a la opositora la sacaron por la fuerza de su casa sin orden judicial. Actualmente, sigue presa en la estación de Jinotepe.