El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, manifestó este lunes que el presidente Gustavo Petro le confirmó que el Gobierno no hará una negociación política de un acuerdo de paz con narcotraficantes.
El mandatario le dijo al funcionario “que no va a haber negociaciones políticas con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional”, reveló Barbosa tras reunirse con el presidente en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
“La paz tiene que estar acompañada o puede llegar a una justicia transicional, y en eso la Fiscalía acompaña los esfuerzos en términos de paz con el ELN (…) e incluso con las disidencias que no firmaron el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos en 2016. La paz tendría que tener justicia transicional, pero el sometimiento a la justicia tendría que tener cárcel y justicia retributiva”, agregó.
El presidente Petro ha defendido una política de “paz total” a la que pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones -como ocurre ya con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)- o para que se sometan a la justicia.
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En ese sentido, Barbosa aseguró que “se requiere una ley de sometimiento a la justicia frente a esas organizaciones criminales” que será presentada al Congreso, aunque no precisó la fecha en la que lo harán.
“Coincidimos también en que se va a presentar una ley de sometimiento y que no se van a pedir la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a la Fiscalía una vez se superen todos los debates en el congreso y todos los debates que tenga esa ley de sometimiento”, explicó.
Según la Presidencia, “fue una reunión cordial en la que el Presidente y el Fiscal General hablaron sobre las iniciativas de paz del Gobierno Nacional y de fortalecer de manera conjunta los mecanismo de designación de los gestores de paz que buscarán caminos de negociación con el Gobierno”.
PREOCUPACIÓN DE BARBOSA
La Fiscalía y dos jueces frenaron este mes la suspensión de las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y de disidencias de las FARC que fueron designados por ese grupo como voceros de paz, así como ha habido una pugna entre Petro y Barbosa por la liberación de miembros de la “primera línea” para que participen de los diálogos.
El fiscal explicó que esas decisiones las deben tomar jueces y no la entidad que dirige.
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Igualmente, Barbosa le manifestó a Petro su “preocupación por dos decretos, con los cuales se planteó cese de hostilidades (con cuatro grupos armados, entre ellos) con dos organizaciones narcotraficantes que han violado derechos humanos en Colombia”.
“En ese sentido le mostré los resultados operativos que hoy tenemos (…) El decreto de cese de hostilidades tiene un problema fundamental es que no tienen delimitación territorial alguna en el marco de la suspensión de operaciones militares y policivas, lo cual está generando una baja operatividad judicial que afecta las competencias de la Fiscalía”, señaló.
Por eso, dijo que Petro “va a verificar y van a revisar esos decretos para efecto de poder estar ajustados a lo que se requiere”, pues el presidente señaló “su voluntad de que se mantenga el ejercicios de la actividad judicial de la Fiscalía de capturar a cualquier persona que viole derechos humanos en el territorio nacional”.
