Los presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz y José Pallais cumplen 600 días de prisión impuesta por el régimen Ortega-Murillo, luego de las detenciones orquestadas desde finales de 2021 en el marco de las elecciones presidenciales.
Berta Valle, esposa del aspirante presidencial Félix Maradiaga, denunció en su cuenta de Twitter que ayer 29 de enero, «se cumplieron 600 días de detención arbitraria de mi esposo. Eso es 1.64 años, 19.73 meses, 14,400 horas… Pero mas allá del tiempo, lo que nos duele es su ausencia y todo lo que no hemos podido vivir junto a él. Son Inocentes y merecen libertad».
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Maradiaga fue capturado el ocho de junio de 2021 a pocos metros del Ministerio Público, en Managua, minutos antes había sido interrogado por los fiscales de Daniel Ortega. Tras su detención, fue trasladado a «El Nuevo Chipote», un reconocido centro de torturas, según indican los familiares de presos políticos.
La justicia orteguista le impuso una sentencia de 13 años de cárcel en un juicio realizado junto al también candidato a la Presidencia Juan Sebastián Chamorro. Los rehenes de conciencia fueron sometidos a siete audiencias que, de acuerdo con sus defensores, estuvieron «plagadas de irregularidades» que culminaron con un fallo de culpabilidad.
Durante la comparecencia, la Fiscalía presentó a 27 agentes de la Policía como testigos en contra de Chamorro y Maradiaga. La única prueba que se les imputaba era su participación en un grupo de WhatsApp y unas entrevistas en televisión.
Cristiana Chamorro, quien era una de las candidatas más fuertes contra Daniel Ortega, fue detenida bajo arresto domiciliario desde el dos de junio de 2021. La justicia orteguista la condenó a ocho años de prisión por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Estos delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Fue condenada junto a su hermano Pedro Joaquín; Pedro Vásquez, su conductor; Walter Gómez, administrador y Marco Fletes, el financiero, los últimos tres eran trabajadores de la extinta Fundación que cerró ante la imposición del régimen de inscribirse bajo la Ley de Agentes Extranjeros, una herramienta jurídica de Ortega y Murillo para controlar y limitar el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses. Pedro Joaquín fue condenado a nueve años, siete para Vázquez; 14 años para Gómez y Fletes.
Por otra parte, José Pallais, de 69 años, ya padecía varias enfermedades crónicas desde antes de su secuestro: tenía problemas cardiacos, diabetes, obesidad, hipertensión, apnea del sueño, glaucoma y problemas en la columna. Todas estas empeoraron durante su encierro el Chipote.
Arturo Cruz fue detenido desde el 5 de junio de 2021. Lo trasladaron al Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Nuevo Chipote», un centro de torturas donde recibió tratos inhumanos y mala alimentación. Mientras permanecía en la cárcel, sus familiares afirman que se encontraba muy delgado, enfermo y sin atención médica especializada. Además, advirtieron signos de Parkinson, debido a las torturas y las condiciones inhumanas a las que fue sometido. Actualmente, se encuentra bajo casa por cárcel.
Ortega tiene cautivos a más de 30 presos políticos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», un centro donde son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de organismos locales e internacionales de derechos humanos.
A esos rehenes de conciencia les impone extensos interrogatorios, les prohibe material de lectura, limitan las horas de patio sol y permiten visitas familiares cada 40 u 80 días.