Organizaciones internacionales, con sede en Francia, condenaron el encarcelamiento de las ciudadanas franco nicaragüenses Jeanine Horvilleur y Ana Carolina Álvarez, esposa e hija, respectivamente, del opositor en el exilio Javier Álvarez, y demandaron al régimen de Nicaragua su liberación incondicional y el abandono de los cargos contra ellas.
Las mujeres fueron condenadas por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La justicia de Daniel Ortega las procesó junto al ciudadano Félix Roiz, esposo de Ana Carolina, yerno de Álvarez.
«Aunque son franco-nicaragüenses, a Jeanine Horvilleur y a su hija Ana Carolina, no se les ha permitido el derecho a las visitas consulares. Por ello, solicitamos a las autoridades francesas que intervengan cuanto antes para obtener su liberación y la de Félix Roiz, que se les retiren los cargos que pesan contra ellos y que les concedan asilo político», demandaron las organizaciones.
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Destacaron que las tres personas fueron enjuiciadas por «la única razón de que ellas y él son respectivamente esposa, hija y yerno de Javier Álvarez, opositor político perseguido por la dictadura».
«Al no poder detener en su domicilio (a Javier Álvarez), la policía orteguista encarceló a su familia para obligarle a entregarse. Al fracasar este odioso chantaje, la justicia no dudó en instruir su proceso y exigir esta sentencia inverosímil», añadieron los firmantes.
La acción del régimen Ortega- Murillo fue calificada por las organizaciones de «saña, bajeza y ferocidad».
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Las asociaciones recordaron a la comunidad internacional que en Nicaragua hay más de 230 personas presas políticas, detenidas y condenadas arbitrariamente, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la tortura.
Jeanine Horvilleur, Ana Carolina Álvarez y Félix Roiz fueron llevados a juicio político los días 17 y 18 de enero. La Fiscalía, al servicio de la pareja presidencial, pidió ocho años de cárcel en contra de las ciudadanas franco-nicaragüenses, y diez años de prisión contra Roiz.
Las asociaciones firmantes son CCFD Terre Solidaires (Comié Catholique contre la Faim et pour le Développement), CNO (Comité Nicaragua Occitanie), CSPN (Collectif de solidarité avec le peuple du Nicaragua), FAL (France Amérique Latine) y FIDH (Fédération Internationale pour les Droits Humains).
La denuncia fue respaldada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
