Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emmanuel Macron afirmaron que se encuentran «preocupados» ante la situación de las ciudadanas francesas Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, quienes fueron acusadas por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
«Nos preocupa las condiciones de reclusión y el estado de salud de ambas. A pesar de numerosas solicitudes a las autoridades nicaragüenses, no se concedió acceso consular al juicio», lamenta la Cancillería del país europeo que desde el arresto de ambas afirmó seguir de cerca la situación y solicitarle al régimen Ortega-Murillo que ejerza la protección consular.
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Este 18 de enero, fueron condenados madre e hija junto a su esposo Félix Roiz Sotomayor, quienes se encuentran detenidos desde el 13 de septiembre de 2022, cuando la Policía buscaba al opositor nicaragüense Javier Álvarez Zamora, quien logró salir del país para solicitar protección internacional.
Madre e hija sufren de enfermedades crónicas, la situación de Jeannine se ha visto especialmente denunciada por organizaciones de derechos humanos debido a que es una persona de la tercera edad sobreviviente de cáncer.
Después de dos días de juicio, el juez orteguista Félix Ernesto Salmerón, del Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Managua, declaró culpables a las ciudadanas francesas, Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Álvarez Horvilleur. En este mismo proceso fallaron a 10 años de prisión en contra de Félix Roiz, esposo de Ana Carolina.
Tras conocer el fallo de culpabilidad, el opositor y exiliado político Javier Álvarez reconoció que ya se lo esperaba. «No esperaba nada bueno de este gobierno, ellos —la dictadura orteguista— no están en capacidad de tener empatía por las personas, no pueden aceptar que haya quienes en Nicaragua que piensan distinto a lo que piensan ellos», lamentó.
Francia ha reiterado que «nuestra demanda de comunicación consular con nuestras dos compatriotas, como lo prevé el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963, que estipula que los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, y a conversar con él. Deseamos, en particular, tener más información sobre las condiciones de detención y su estado de salud».
