El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en su informe anual sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua, denuncia la cacería a opositores emprendida en 2022, con nuevos «patrones represivos» de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de miembros de organizaciones, activistas y sus familiares.
Destacan que durante septiembre del año anterior, «el régimen Ortega Murillo inició una ola de detenciones arbitrarias contra opositores y miembros del partido político Unión Democrática Renovadora (Unamos) antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Cenidh alertó sobre esta situación: “se ha desatado una estrategia de acoso, persecución, amenazas, e incluso detenciones arbitrarias de integrantes del partido”», lamenta la organización.
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En esta oleada, el régimen encarceló al agrónomo y catedrático Orlando Campos, el líder campesino Raúl Oporta y Freddy Martín Porras, hermano de Dulce Porras, dirigente de Unamos en Carazo y exiliada en Costa Rica. Ante esto, el Cenidh advirtió del nuevo patrón represivo y señaló que ese comportamiento no tenía precedentes en la historia, que no era característico de ninguna dictadura.
«Posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar. Lo que supera la gravedad delictiva del secuestro extorsivo, que según el Código Penal es cuando se exige un rescate o cualquier utilidad monetaria», refiere la organización.
El Cenidh también denuncia los secuestros de las ciudadanas franco-nicaragüenses Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, detenidas el 13 de septiembre, a eso de las 9 de la noche, mediante un numeroso dispositivo policial que tenía como propósito capturar al opositor Javier Álvarez Zamora.
«En octubre el Poder Judicial, cómplice de la dictadura realizó audiencias ilegales en contra de familiares de perseguidos políticos, durante las audiencias se les imputaron los mismos delitos; conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas, no se aceptaron los incidentes promovidos por las defensas y les aplicaron la tramitación compleja para duplicarles el tiempo de detención y tortura», remarcan.
Durante las elecciones municipales, el régimen también reflejó un aumento de violencia, represión y detenciones arbitrarias a nivel nacional. «Al finalizar la nueva farsa electoral de las llamadas elecciones municipales llegaron a contabilizarse 62 opositores detenidos, 87, entre ellos jóvenes de la Costa Caribe Norte que protestaron ante el fraude electoral. El 16 de noviembre los líderes comunitarios denunciaron que los jóvenes presos estaban siendo torturados y exigieron poder verlos. Al cierre de este informe se supo que todos los jóvenes fueron liberados», añade el documento publicado por el Cenidh.
Seguido de esto, la siguiente víctima de la cacería orteguista fue el analista político Óscar René Vargas, de 76 años, en casa
de una de sus hermanas. Por más de 48 horas estuvo prácticamente desaparecido, por lo que las Naciones Unidas en su cuenta de Twitter alertó que, en los centros de detención, incluido El Chipote, sus funcionarios negaron tenerlo detenido, patrón recurrente que podía calificarse como “desaparición forzada de corto plazo.
Para el Centro, el 2022 se tradujo en «la continuidad de la tortura» contra las personas políticas y que esas acciones se extendieron a sus familiares. Además, que a las presas y presos en arresto domiciliario no les permiten recibir la atención médica que necesitan para mejorar sus condiciones de vida, tampoco se han mejorado las condiciones para quienes se encuentran en las celdas de los distintos sistemas penitenciarios.