El informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) determinó que el régimen de Daniel Ortega violó 16 derechos humanos durante los calificados «juicios nulos» o «juicios políticos» contra opositores, alegando que estos se realizaron «a vista, paciencia y complicidad de un Poder Judicial sin independencia».
Entre esos atropellos a la ley, que dejó a más de una treintena de opositores condenados bajo acusaciones señaladas de espurias, resaltan el derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad individual, a su honra y reputación, a la inviolabilidad de su domicilio y sus comunicaciones de todo tipo.
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También se violó el derecho a la igualdad ante la ley —porque la autoridad judicial no le prestó nada de importancia a la situación de opositores secuestrados—, a principio de legalidad, prisión arbitraria
En cuanto al debido proceso, el Cenidh informó que los defensores de derechos humanos señalan que el Ministerio Público emitió comunicado previo al inicio de los juicios en el cual ya se refería a los presos de conciencia como criminales sin ni siquiera haber iniciado los juicios en su contra.
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Asimismo se les negó el derecho a juzgamientos sin dilaciones por autoridad competente. Recordaron que en en octubre de 2021 se suspendió la tramitación de juicios, alegando carga judicial.
Otra violación a los derechos humanos de los opositores secuestrados políticos fue que todos los actos procesales se realizaron en privado y en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua, lugar donde más de 40 opositores están recluidos.
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Referente a la defensa, la justicia de Nicaragua negó el derecho a elegir a un defensor y el derecho a una tutela judicial efectiva, imponiéndoles así defensores públicos.
También a los presos políticos se les negó comunicarse libre y privadamente con su defensor, antes, durante y después de los juicios orales y públicos. Además, a los abogados se les limitó la interacción con sus defendidos; solamente les fue permitido comunicarse durante tres minutos aproximadamente por cada día de las audiencias.
El Cenidh denunció que no se tomó en cuenta el consentimiento expreso del acusado, sino que el juez impuso defensores públicos como sustitutos de las defensas privadas, aún en contra de la voluntad del defendido y en contra de la persona que ejerce la defensa privada, violentando así e artículo 108 del Código Procesal Penal
La dictadura orteguista negó el derecho a los procesados de disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa. También fue evidente la parcialidad de las autoridades judiciales en la tramitación de los juicios.
«Todas las solicitudes de la Fiscalía fueron declaradas con lugar e incluso se impuso exactamente la pena que solicitó la Fiscalía, aún cuando esta no estaba fundamentada, violando evidentemente el principio de igualdad ante la ley», remarcó el Cenidh.
Lista de presos políticos en aumento
En 2022, un total de 46 detenidos enfrentaron los procesos en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial; 35 están recluidos en las celdas de ese complejo policial y otros 11 bajo arresto domiciliario.
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Los delitos impuestos a la mayoría fueron conspiración, menoscabo a la integridad nacional, lavado de dinero y ciberdelitos. La lista de secuestrados políticos hasta la fecha supera los 230, según organismos de derechos humanos.
El número de privados de libertad podría incrementar debido a que el régimen de Ortega y Murillo sigue su represión contra tofos los sectores de la sociedad civil.
