Al cierre de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había cancelado la personalidad jurídica a 3,182 organizaciones no gubernamentales (ONG), con el objetivo de «desarticular a la sociedad nicaragüense y provocar la destrucción del tejido social con el afán de concentrar y fortalecer su dictadura, acaparar la cooperación internacional y usarla para seguir reprimiendo», denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su informe anual.
Según el organismo, el año pasado los ataques de la dictadura a la libertad de asociación en Nicaragua «alcanzaron su máximo nivel de agresividad». El cierre de las ONG, considera el Cenidh, constituye un «crimen» porque «trastoca el plano individual, pues las víctimas directas de estas acciones perversas son las personas que eran beneficiadas por el apoyo de las oenegés destruidas».
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«El régimen persistió en reprimir a través de diferentes métodos para reducir el espacio cívico; cancelaciones de personalidades jurídicas, obstaculización en el registro de las organizaciones, implementación de normativas que restringieron la cooperación internacional, limitando y/o obstaculizando actividades de desarrollo, transparencia y democracia», recoge el documento de la organización defensora de derechos humanos.
En su afán por demoler la libertad de asociación, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprobar una serie de leyes que restringe ese derecho y muchos otros. Dichos instrumentos jurídicos fueron criticados por organizaciones internacionales y locales.
El régimen creó la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; la Ley 1042, la Ley Especial de Ciberdelitos; la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
«El panorama para las Organizaciones de la Sociedad Civil avizora que la brutal represión continuará, el régimen Ortega Murillo no cesará de cancelarlas masivamente; no restablecerá personerías jurídicas ni devolverá bienes usurpados», advierte el Cenidh.
Al cierre de las ONG hay que sumarle la confiscación de sus bienes muebles e inmuebles, que meses posteriores a las cancelaciones son tomados por la Policía de la dictadura y repartidos entre las instituciones orteguistas.
