17 entidades, que incluyen organizaciones defensoras derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes, grupos de víctimas y movimientos sociales que integran la «Coalición Nicaragua Lucha», suscribieron un comunicado conjunto para exigir el cumplimiento en la protección de personas migrantes en las Américas.
Entre los organismos firmantes están la Asociación de Madres de Abril, Articulación de Movimientos Sociales, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Comité por la Liberación de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, el Grex, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Iniciativa Nicaragua Defensoras de los Derechos de las Mujeres, Organización de Víctimas de Abril.
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En el comunicado con fecha del 18 de enero, expresaron la urgencia que se vive en la región por la situación de desplazamiento forzado y movilidad humana, «con amplio impacto en poblaciones nicaragüenses migrantes».
La Coalición Nicaragua Lucha —según el escrito— demandó a los países en tránsito —como Honduras, Guatemala, México, entre otros—, «así como los de destino final, cumplir sus deberes de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional a las personas migrantes, cuya vulnerabilidad se ha incrementado y complejizando».
En cuanto a las nuevas normas migratorias restrictivas impuestas como en Estados Unidos y Costa Rica, donde algunos Estados ponen límites y condiciones a los migrantes, la Coalición denunció esas acciones afirmando que se está «exponiendo al peligro a miles de personas en desplazamiento forzado».
También recordaron que el éxodo masivo de nicaragüenses es «consecuencia directa de una política de estado de expulsión, donde el régimen Ortega – Murillo aprovecha para resolver económicamente su sostenibilidad, destruir el tejido de resistencia y profundiza la constante violación de derechos, cuya campaña de terror condenó al exilio, la cárcel o la muerte a quienes definió como enemigos».
Cuestionan nuevas medidas de Biden
Ante el drama y la necesidad que están viviendo la miles de personas migrantes nicaragüenses en tránsito hacia Estados Unidos, los defensores de derechos humanos denunciaron «el impacto desproporcionado de las nuevas medidas implementadas por la administración del presidente Joe Biden».
El objetivo del gobierno estadounidense con las nuevas medidas es aumentar la seguridad fronteriza a través de la ampliación del Título 42, que permite la expulsión a México de ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití.
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«Las afectaciones de esta acción han demostrado que ponen en peligro a las personas migrantes, además son contrarias a los estándares universales e interamericanos, impidiendo la entrada al país e implementando la expulsión directa de personas migrantes», advirtieron.
Además, detallaron que solo en 2022, al menos 210 mil personas que se vieron forzadas a huir de Nicaragua, sus derechos son violentados «durante su largo tránsito hacia los países de destino».
«Las víctimas salen de su tierra muchas veces de manera irregular con menor posibilidad para la búsqueda de protección directa en otros países, y enfrentándose a políticas restrictivas de externalización, reforzamiento de control migratorio, medidas de devolución, detención y privación de libertad por temas migratorios, entre otros» recalcan.
Ante esta situación que afecta a miles de migrantes, la Coalición llamó al sistema de Naciones Unidas, Agencia para los Refugiados ACNUR, Organización Internacional para los Migrantes (OIM), Sistema interamericano de CIDH-Corte IDH, y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, «a actuar presionando a los países conforme a su responsabilidad».
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Alertaron sobre el riesgo de retroceso en cuanto a políticas migratorias regionales ante la decisión de Costa Rica de modificar el Reglamento de Refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y la categoría especial temporal para personas nacionales de Nicaragua, Cuba y Venezuela. «Estas medidas provocan incertidumbre en la población solicitante de refugio por la falta de información del nuevo proceso, asimismo precarizan aún más sus condiciones de vida al dificultarles el acceso a un empleo», apuntaron.
Desde el 2018, la ola migratoria en Nicaragua se ha intensificado debido a la crisis económica y política que vive el país. El año pasado, según organizaciones» se triplicó la salida de nacionales, exponiéndose a secuestros, extorsiones y a perecer ahogado en el río Bravo. Calculan que cerca de 200 mil nacionales han abandonado el país desde el inicio de la crisis sociopolítica del país. Las organizaciones expresaron la urgencia que se vive en la región por la situación de desplazamiento forzado y movilidad humana, «con amplio impacto en poblaciones nicaragüenses migrantes»
