Cuatro peritos y 12 testigos declararán en el juicio que enfrenta el obispo nicaragüense Rolando Álvarez por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, informó este miércoles el Poder Judicial de Nicaragua.
Entre los 12 testigos que declararán contra el obispo, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, se encuentran tres policías, dos trabajadores del Estado y simpatizantes sandinistas, según los datos generales del asunto publicado por el Poder Judicial.
La jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla Rodríguez, estará a cargo del juicio contra el jerarca, quien se encuentra detenido desde el 19 de agosto pasado y es el primer obispo arrestado y acusado desde que el exguerrillero sandinista Daniel Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
Según el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán, que ha dado seguimiento el caso, los testigos contra el obispo son trabajadores del Estado o simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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A través de Twitter, Morazán aseguró que una de las testigos, Josefa Azucena Jirón López, es secretaria del Ministerio de Educación en el departamento de Matagalpa (norte); mientras Erling Francisco Picado Montoya, también testigo, es defensor público en el Complejo Judicial de Matagalpa.
Otra de las testigos, Elba Marina Rayo, trabaja en una radio de perfil sandinista y anteriormente colaboró con el obispo Álvarez, según el letrado, que publicó fotografías de los testigos en la que aparecen con banderas del FSLN, con mensajes a favor del Gobierno o abrazando a alcaldes sandinistas.
PRIMER OBISPO ARRESTADO Y ACUSADO EN NICARAGUA
El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez y al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
El obispo fue presentado sin su vestimenta religiosa en la audiencia inicial, celebrada en el Complejo Judicial de Managua, el pasado 10 de enero.
Álvarez Lagos, de 56 años, es obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua.
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Fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
AÑO CONVULSO PARA LA IGLESIA CATÓLICA
En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
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También ha llevado a prisión a siete sacerdotes y dos colaboradores de la diócesis de Matagalpa, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, e impedido procesiones y romerías.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años y medio.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
