La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en marcha su andamiaje judicial para inculpar a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
El abogado Yader Morazán, experto el administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial, reveló que el régimen usará a 16 testigos en el juicio político contra el obispo, del cual no se conoce fecha de inicio.
«”Jueza” Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Nadia Camila Tardencilla inicia diligencias de organización del Juicio en contra de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Una vez que se graba los testigos y peritos en el sistema digital, proceden a citarlos», explicó el jurista en su cuenta de Twitter.
Noticia relacionada: Rolando Álvarez, el obispo que escogió el camino difícil: «Hago lo que mi conciencia me indica»
Una de las testigos será la propagandista del régimen Elba Marina Rayo quien trabaja en «Radio Insurrección» que opera dentro del Departamental del FSLN. «Desde donde se dirigió la represión de abril del 2018. Antes abrazaba a Mons. Álvarez, y ahora declarará en su contra», criticó el exfuncionario judicial.
Otra de las testigos es Gabriela Alejandra Rayo Castro, esposa del sobrino del «jefe de los paramilitares de Matagalpa, Lalo Soza. Toda la familia se jacta de sus “acciones” a favor del régimen criminal de los Ortega Murillo». Morazán publicó imágenes de la testigo donde posa al lado del alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, sancionado por Estados Unidos.
Emiliano Antonio Pérez Castro, hermano del excomisionado Marvin Pérez, también es parte de la aplanadora de testigos que usará la dictadura en el juicio político contra monseñor Rolando Álvarez. Morazán afirma que el testigo tiene familia en la Corte Suprema Justicia (CSJ), pues «su cuñada es la jueza Sheyla Patricia Delgado Medrano. Él tiene años queriendo entrar al Estado».
Funcionarios públicos serán testigos
Otra testigo de contra el obispo será Josefa Azucena Jirón López, secretaria del Ministerio de Educación de Matagalpa. La mujer ha recibido reconocimientos de parte del alcalde Sadrach Zeledón y ha participado en actividades de la Policía sancionada.
Nieves Francisco Hernández Flores es otro testigo de la dictadura. Actualmente trabaja como sonidista y se encarga del perifoneo de la Alcaldía de Matagalpa. «Trabajaba para Radio Hermano de la Diócesis de Matagalpa, conduciendo a los sacerdotes, instalando sonido y ayudando a trasmitir las misas», reveló.
Otro de los testigos contra el obispo Rolando Álvarez es Erling Francisco Picado Montoya. Recientemente fue nombrado defensor público en el Complejo Judicial de Matagalpa. Su esposa, Maritza Rodríguez, fue concejal de la alcaldía.
El pasado 10 de enero, el obispo Álvarez fue llevado a audiencia inicial y una jueza orteguista lo remitió a juicio y mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario.
La abogada, defensora de derechos humanos y autora del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», Martha Patricia Molina, ha documentado los ataques que ha sido víctima la Iglesia católica desde abril de 2018, que al cierre de 2022, ya suman 410 violaciones a la libertad religiosa en el país, cometidas por el régimen de Ortega y Murillo.