La perseguida política Berta Valle, esposa del exaspirante presidencial Félix Maradiaga y perseguida política, demanda que el régimen de Nicaragua le permita a su hija Alejandra, de nueve años, comunicarse por vía telefónica con el opositor durante las «visitas especiales a presos políticos» que se realizarán en el contexto de las festividades de Navidad y año nuevo.
«En nuestro caso, mi esposo (Maradiaga) estará cumpliendo este 24 de diciembre, 564 días desde su detención arbitraria y durante todo este tiempo no se nos ha permitido tener una llamada telefónica con él, hemos insistido que esto es una violación a las leyes de nuestro país porque se indica la regularización de las visitas, las llamadas telefónicas y la comunicación de las personas detenidas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho», expresó Valle en entrevista con Artículo 66.
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La comunicadora y activista se encuentra exiliada en Estados Unidos junto a su hija por razones de seguridad, por lo que demanda «poder tener esa llamada telefónica, ahora con la tecnología incluso podemos pensar en videollamada, pero eso está en manos de la Policía, de ellos depende cumplir con la Ley y permitirnos a los familiares poder tener comunicación. Particularmente mi anhelo es que nuestra hija pueda hablar con Félix, ella ha insistido en eso muchas veces», añadió.
Esa misma petición la hace César Dubois, esposo de Suyen Barahona. El hijo de ambos, de ahora cinco años, no ve a su madre desde el 13 de junio de 2021. Hace menos de un mes, la presa política por fin le autorizaron ver algunas fotos actualizadas del pequeño, quien tiene el anhelo de escuchar a su madre.
«En el espíritu de Navidad, solicitamos la libertad de todos los presos políticos, todos ellos son inocentes. Mientras eso sucede, igualmente pedimos que permitan la comunicación entre Suyen y nuestro hijo, entre los presos políticos y sus hijos que se encuentran fuera de Nicaragua. Eso es parte de sus derechos», dijo Dubois en conversación con este medio de comunicación.
Agregó que es necesario que se establezcan visitas regulares y demandó una atención médica adecuada para los opositores presos.
Ley estipula llamadas
Por su parte, el abogado y secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) Álvaro Leiva, denuncia que «las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua, bajo el régimen dictatorial de los Ortega-Murillo, sobrepasan los límites de la dignidad humana y solo pueden compararse a los cometidos en los años 60 y 70 por las dictaduras en países sudamericanos como Argentina, Chile y Bolivia, a través de una estructura represiva científicamente elaborada».
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Leiva explica que la «dictadura también viola el artículo 05 de la Constitución Política de Nicaragua, porque los principios fundamentales de la nación nicaragüense establecen la libertad, la justicia, el respeto al principio de la dignidad humana, que han sido negados por completo a los presos políticos. Les han negado el derecho a una justicia transparente y objetiva, que les garantice acceso a un debido proceso».
«También se está violando el artículo 26 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a su vida privada, el derecho a mantener su honra y el acceso a toda información que se refiera a su persona y a su reputación. El artículo 36 establece que todo ciudadano tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Es decir, que nadie puede ser sometido a torturas, procedimientos, penas, ni a tratos crueles, inhumanos ni degradantes», añade el defensor.
Asegura que estas acciones de parte del régimen nicaragüense constituyen flagrantes delitos al derecho nicaragüense y al derecho internacional, que deberán ser conocidos judicialmente en tribunales internacionales, porque muchos de ellos constituyen delitos de lesa humanidad.
En Nicaragua, hay más de 230 personas presas políticas en Nicaragua, según el Mecanismo de Seguimiento.
